Hace un par de meses, en su columna Tal Cual, el respetado colega Luis Carlos Rodríguez acuñó el término “michoacanólogos”, aplicable a todos aquellos que de pronto aparecieron expertos en el tema Michoacán.
Son estos personajes que, en su inmensa mayoría colaboran como expertos en todo y en nada en medios impresos y eventualmente en los electrónicos y, con la impronta del oportunismo, dicen y decían conocer con detalle la situación que privaba en la entidad, pontificaban y apresuraban soluciones.
Hubo, entre esa pléyade de dizque expertos, quienes aplaudieron la aparición de los grupos de autodefensa y elevaron a mártir al doctor José Manuel Mireles, cuando por los rumbos de Tepalcatepec, alzó la voz y, junto con otros personajes como el llamado “Papá Pitufo”, se enfrentó lo mismo a policías federales asociados con La Familia Michoacana y luego con Los Caballeros Templarios, que a los cabecillas de ambos grupos.
Por ahí anda a salto de mata Servando La Tuta Gómez Martínez, el aparente último eslabón de la dirigencia del grupo delictivo. ¿Lo recuerdan los “michoacanólogos”?
Lo cierto es que, hasta antes de enero de este 2014, Michoacán era el referente de tierra de nadie; señalado y calificado como estado fallido, por cuyas principales vías transitaban en caravana delincuentes convertidos en dueños de la entidad, ejecutores de las órdenes de sus jefes y cobradores del derecho de piso y el derecho a gobernar.
Hay quienes dicen que la situación de Michoacán creció y se fortaleció en un laboratorio de impunidad azuzada por los compadrazgos políticos, los caciques de las regiones, los delincuentes que trasegaban primero marihuana, luego cocaína y al final con la vida de indefensos michoacanos a los que unos demandaban el voto y otros obligaban a votar por tal o cual candidato.
Cínicos, impunes e incapaces gobernantes, como los perredistas Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, herederos de condiciones de dejar hacer, dejar pasar de gobiernos priistas que al inicio de la década de los años 90 prefirieron transar con la naciente oposición perredista, antes de perder en las urnas.
Y junto con La Familia Michoacana creció el poder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE que hoy es el mejor ejemplo del libertinaje y el gangsteril uso de la fuerza para obtener canonjías. ¿Enemigos de la Reforma Educativa? ¡Patrañas! El negocio es el negocio. Ser de oposición da poder y dinero.
Por eso, por el riesgo de llegar a convertirse en cómplices de delincuentes de cuello blanco y empresarios de la industria de la protesta, quienes se asumen “michoacanólogos” deben revisar las críticas que han enderezado contra Alfredo Castillo Cervantes, quien desde el 15 de enero del año en curso, acorde con el Decreto Presidencial que creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado de Michoacán, asumió la responsabilidad de este organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Castillo Cervantes, un joven abogado que ha hecho su carrera en ámbitos de la procuración de justicia en el Estado de México y en la Procuraduría General de la República, efímero procurador federal del consumidor, tiene una responsabilidad que pocos han ponderado.
¿Estos “michoacanólogos” habrán transitado alguna vez una carretera de la región de Tierra Caliente? ¿Habrán conocido la angustia de un padre de familia que perdió a un hijo a manos de los Caballeros Templarios? ¿Sabrán lo que es pagar 20 mil pesos mensuales de “renta” por un local de bisutería del que depende una familia popular?
Dicen que, cuando en los ranchos ladran los perros de casa en casa, sólo el que ladró primero sabe por qué lo hizo.
Sin duda, el trabajo del equipo de Castillo Cervantes y las consecuencias de éste, ha afectado intereses de alto nivel, ha tocado fibras de quienes se han asumido, por décadas, intocables, dueños de vidas y obras de aspirantes a formar parte de la familia revolucionaria, la que cubre los espacios en el Congreso local, la que determina quién o quiénes son alcaldes, regidores y hasta candidatos a gobernador y ni qué decir de los diputados locales, éstos que, por ejemplo, hoy se refieren en voz baja a Jesús Reyna y lo califican: “pobre Chuy”, cuando apenas hace unos meses lo llamaban jefe y señor gobernador y se colgaban de su brazo y de su influencia.
A Castillo Cervantes le han organizado protestas, lo califican como dictador y descalifican al gobernador Salvador Jara. Esas voces están dentro del mismo gobierno estatal, donde funcionarios de medio pelo, esos que aspiraban a, incluso, dirigir al PRI o se imaginan seguros en una candidatura a diputado federal, son las que quisieran que Michoacán vuelva al status de crisis económica, política y, sobre todo, de seguridad pública que tenía hasta antes de enero de este año.
Porque, sin duda y con sus bemoles, el estado de Michoacán es harto diferente en el que vivían los michoacanos hasta hace unos meses y que los fuereños no se atrevían a visitar, menos a turistear. Sí, Castillo Cervantes, el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado de Michoacán, ha tocado y afectado intereses de toda índole.
Elemental en la operación limpieza. Sin medias tintas, Michoacán es otro. “Se los dije”, “lo advertí en su momento”, éstos y otros comentarios evidencian las aspiraciones de esos actores políticos que lo mismo se sacaron la foto con Leonel Godoy que con Jesús Reyna. ¿Qué sería de los michoacanos sin la intervención del gobierno federal para poner orden? Simple pregunta, simple y elemental.
Más allá de la trillada frase atribuida al Quijote, en eso de cuando los perros ladran, en Michoacán se quejan los que ya no tienen impunidad y los actores cuyas carreras políticas están en vías de la averiguación previa. Conste.
LUNES. A partir de este mes, varios diputados federales y senadores solicitarán licencia al cargo. Se quieren sacrificar por el pueblo, ya como gobernadores ya como alcaldes. Y en aras de la reelección, otros buscarán llegar al Palacio Legislativo de San Lázaro. Digo.
@msanchezlimon
