El procurador general de justicia del estado, Iñaky Blanco Cabrera, informó que este miércoles en un operativo implementado por elementos de la Policía Ministerial, se detuvo a dos integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), en el municipio de Tixtla.
La detención se originó ante la denuncia interpuesta por autoridades municipales de Tixtla, luego de que el pasado 26 de agosto del año en curso, un grupo de aproximadamente 40 personas, que se identificaron como integrantes de la CRAC, y portaban machetes, armas largas, bombas molotov y palos, irrumpieron en las instalaciones del ayuntamiento municipal, causando daños al inmueble, y lesiones a pobladores y a elementos de la Policía Municipal.
Por lo anterior, el agente del Ministerio Publico inició la averiguación previa correspondiente, y una vez que se contó con los elementos de prueba necesarios se consignó sin detenido el expediente, logrando la liberación de órdenes de aprensión por los delitos de lesiones, terrorismo y secuestro.
El funcionario estatal expuso que este día, mediante un operativo implementado por la Policía Ministerial, se detuvo a Gonzalo Molina González, quien portaba una pistola calibre 22 y a un menor, a quien se le aseguró una escopeta calibre 16”, una carrillera y 10 cartuchos útiles; este último fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes.
Blanco Cabrera dijo que el coordinador de la CRAC se encuentra a disposición de las autoridades estatales, y está recluido en las instalaciones del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chilpancingo.
Precisó que la detención de Molina González se efectuó sin realizarse algún disparo de arma de fuego en el municipio de Tixtla, y se encuentra a disposición del juez de la causa, ante quien rindió declaración preparatoria, y en su oportunidad la autoridad judicial determinará la situación jurídica del inculpado, dentro del término constitucional.
En tanto, permanece como presunto responsable por los delitos de lesiones, privación de la libertad personal y terrorismo.
Dijo que al igual que en el caso de Nestora Salgado el caso quedará en manos del gobierno del estado de Guerrero.
En la conferencia de prensa estuvo el vocero del gobierno del estado, José Villanueva Manzanares.
