En la reunión se acordó realizar una investigación detallada del penal, dando puntual seguimiento desde la Secretaría General de Gobierno.
Además se mantendrá comunicación con la Comisión de Derechos Humanos y en un plazo de 15 días se dispondrá de información que permita mejorar el trato a visitas al Cereso.
Asistieron Oscar Hernández, delegado de Gobierno y Rosa Mirtha Hernández Nava, presidenta de Colegio de Abogados "Ignacio Manuel Altamirano", así como Miguel Ángel Orihuela Hernández, subsecretario del Sistema Penitenciario, Constantino Leyva Romero, jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos y Francisco Montesinos Baños, jefe de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública.