El pasado 13 de septiembre
se cumplieron dos años de la actual Legislatura local. Y llama la atención que
la mayoría de los 45 diputados no hayan rendido su informe de actividades
legislativas.
Deben ser 46 legisladores,
pero recordemos que el priista Saúl
Beltrán Orozco, representante del distrito XVII, tiene licencia y su
suplente Modesto Carranza Catalán
fue asesinado el pasado 10 de abril, en Ciudad Altamirano. Y no se sabe cuándo
regresará a ocupar su curul el compadre de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, peligroso criminal que
opera en la sierra de San Miguel Totolapan y Ajuchitlán del Progreso.
Cabe destacar que muy
pocos legisladores son los que participan activamente en reuniones de las
comisiones y comités ordinarios. El
perfil bajo es lo que caracteriza a la mayoría, quienes privilegian más la gestoría social y no
la presentación de iniciativas de ley.
También son contados los que suben constantemente a
tribuna para debatir temas de interés social, destacando en ese sentido los
priistas Flor Añorve Ocampo, Héctor Vicario Castrejón, Cuauhtémoc Salgado Romero y Samuel
Reséndiz Peñaloza; los perredistas Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, Ociel Hugar
García Trujillo, Rosa Coral Mendoza Falcón, Ernesto Fidel González Pérez; los
representantes de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja y Silvano Blanco
Deaquino, así como la única representante de Morena, Ma. de Jesús Cisneros
Martínez.
Los
diputados del PAN, PVEM y los ex petistas (Fredy García Guevara y J. Jesús
Martínez Martínez), están muy limitados para el debate.
Uno de los más activos al
inicio de la 61 Legislatura fue Sebastián
de la Rosa Peláez, quien hace unos días solicitó licencia para dedicarse de
lleno en su pretensión de ser candidato del PRD al Senado de la República.
Veremos si Perfecto Rosas Martínez (suplente del
“Zorry”) es aguerrido a la hora de defender la postura de su fracción
parlamentaria en tribuna.
Los diputados más callados
y que están clasificados en el grupo de “calienta curules” y “levanta dedos”
son David Gama Pérez (PRI), Ma. de los Ángeles Salomón Galeana (PRI),
Crescencio Reyes Torres (PRD), Carmen Iliana Castillo Ávila (PVEM), Antelmo
Alvarado García (PRI) y Flavia García García (PRI).
Lo
curioso es que los más improductivos pretenden otro cargo de elección popular.
No quieren quedar fuera de la jugada.
Les aterra vivir fuera del presupuesto.
David Gama pretende la
Alcaldía de Iguala, María de los Ángeles Salomón quiere ser alcaldesa de Atoyac
de Álvarez y Flavia García quiere gobernar a los chilapenses.
Todos están en su legítimo
derecho de buscar otro cargo en 2018, pero es necesario que los guerrerenses
exijan cuentas a sus legisladores, ya que no
todos han dado el ancho.
Lo importante de todo es
que hay –aunque sean contados– legisladores que han destacado en presentar
iniciativas de ley y que sí se preocupan en prepararse para el debate
parlamentario.
Ojalá los calienta curules
se armen de valor para subir a tribuna y a quemar neuronas para presentar
“aunque sea” una iniciativa de ley o un punto de acuerdo parlamentario.
Recordemos que los
guerrerenses también les pagamos de nuestros impuestos los salarios que
perciben sus asesores y secretarios técnicos.
Se espera también que en
este primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al Tercer Año de
Ejercicio Constitucional y que inició el pasado 13 de septiembre se aprueben
algunas iniciativas de ley, como por ejemplo: la Ley 701 de Reconocimiento,
Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de
Guerrero y lo referente a la legalización de la amapola con fines medicinales.
ENTRE
OTRAS COSAS… Luego del fuerte sismo del pasado 19 de
septiembre que sacudió al centro del país, hay inquietud respecto al manejo de los
recursos aportados por cantantes, actrices, deportistas, fundaciones, así como
las donaciones que pretenden hacer los partidos políticos.
Hay
desconfianza en el gobierno de Enrique Peña Nieto
para el manejo de los recursos. Y no es para menos, la corrupción ha marcado a
su administración, en particular la Casa
Blanca de “La Gaviota” (Angélica Rivera), Odebrecht y el Paso Exprés de Cuernavaca.
La mayoría se ha pronunciado
por la creación de una Contraloría Social, ajena al gobierno y partidos
políticos. O, mejor dicho, un grupo de ciudadanos distinguidos para vigilar la
correcta aplicación del fondo para la reconstrucción de la Ciudad de México.
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