Ante la inseguridad e
impunidad en México, vale la pena hacerse las siguientes preguntas:
¿Si se elimina el 100 por
ciento del financiamiento público a los partidos políticos de dónde obtendrán
el dinero para su operación y sus campañas?
¿De las aportaciones de
los militantes? ¿Las de sus cuadros distinguidos que buscan algún cargo para el
retorno de su inversión? ¿De empresarios que esperan recibir a cambio contratos
de gobierno? ¿Del crimen organizado?
Y vale la pena hacérselas
en el contexto del “bondadoso” gesto de renunciar a prerrogativas y dineros electorales
a unos meses de las elecciones, para destinarlo a la reconstrucción de los
estados afectados por el terremoto del 19 de septiembre, principalmente la
capital del país de la que sobraría destacar su importante padrón electoral.
Sigue la competencia por
ver quién renuncia a más del dinero público con el que se paga la burocracia
partidista en México, cuando el principal riesgo dadas las condiciones de
inseguridad en el país está, según dicen los expertos y la realidad nos lo ha
demostrado, en el financiamiento privado a las campañas políticas.
La experta en seguridad
Lucía Dammert así lo expuso el mes pasado en Acapulco durante su participación
en un foro sobre seguridad ciudadana organizado por el diputado Ricardo Mejía
Berdeja.
En esa ocasión, la peruana
ex asesora del gobierno chileno en materia de seguridad recordó algo que ante
las afectaciones por el sismo los mexicanos hemos olvidado: mediante el
financiamiento privado es que gente como el ex alcalde de Iguala, José Luis
Abarca Velázquez, se cuelan al poder.
Es cómodo para la clase
política, llámese PRI, Frente Ciudadano, Morena, etcétera, despojarse del
dinero público fiscalizable, cuando tienen la posibilidad de acceder a fuentes
de financiamiento no tan fáciles de monitorear, y aparte hacer alarde de
generosidad con el dinero de los mexicanos.
Politizar el tema de la
reconstrucción con una guerra de ofertas no ayuda en nada. Hay que separar el
agua y el aceite. Si los partidos quieren aportar a la reconstrucción que lo
hagan con su dinero, el de sus dirigentes y sus integrantes.
En lo que respecta al
multimillonario presupuesto público para su operación y las elecciones, se debe
dar paso ya a una reforma electoral urgente y de gran calado que haga austera,
transparente e igualitaria, la manera de elegir representantes en este país.
Mientras tanto la
desgracia está siendo encapsulada en un falso debate que en nada cambiará el
estado de las cosas en nuestra nación, en una simple competencia por ver quién
paga el menor costo político y la mayor raja posible de la tragedia que enlutó
a México.
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