No se puede hablar de una verdadera seguridad para los
ciudadanos si no existe un sistema de justicia transparente y eficiente y si no
se derrota antes a la impunidad, sostuvo el candidato a diputado federal
plurinominal por el Partido Acción Nacional, Marcos Efrén Parra Gómez.
En ese sentido, el abanderado del blanquiazul se
pronunció por una reforma constitucional en materia de justicia que garantice
los juicios orales, atienda a las víctimas y fortalezca los Ministerios
Públicos.
En congruencia con los postulados de la candidata panista
a la presidencia de la república, Josefina Vázquez Mota, Marcos Parra consideró
que justicia y seguridad forman un binomio inseparable, de ahí la necesidad de
impulsar medidas que permitan no sólo que el nuevo sistema de justicia se
cumpla en todo el país, sino que se fortalezca y profundice, pues dijo que esta
reforma es tan importante que no puede continuar postergándose.
El candidato se manifestó a favor de la expedición de un
nuevo Código Federal de Procedimientos Penales que implemente el sistema
acusatorio, que garantice, entre otras cosas, un verdadero juicio de forma
oral, pública, transparente y expedita, así como la presunción de inocencia, de
manera que la autoridad esté obligada a probar la responsabilidad del acusado.
Asimismo, que observe mayores garantías a las víctimas
del delito y certeza jurídica al imputado, además de que privilegie la justicia
alternativa, evitando que delitos de bajo impacto no lleguen al proceso, y se
garantice el pago de la reparación del daño a la víctima.
También que prevea que los ministerios públicos no tengan
derechos por encima de las víctimas y acusados, ni facultades para escoger qué
pruebas se integren al juicio, y sobre todo que éstas no tengan valor pleno
ante el juez.
Dijo que ello debe ir aparejado con una profunda
modificación al sistema penitenciario, a fin de que las personas que cumplan
una condena sean reinsertadas a la vida social y productiva con irrestricto
apego a la ley.
Finalmente, hizo suyo el compromiso de impulsar la
creación de una defensoría pública autónoma en la que impere la honestidad y
profesionalismo, con una capacitación constante a los defensores, a fin de que
sean altamente competitivos en relación al Ministerio Público, los jueces y
policías investigadores, para generar un sano equilibrio y ya no existan más
presuntos culpables en México.
