Tal vez los consejeros del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) no fueron designados
por el Congreso del Estado, pero eso no es pretexto para que cobren jugosos
salarios y se burlen del pueblo de Guerrero.
Es cierto, fueron
designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y que
tienen derecho a elaborar, administrar y ejercer en forma autónoma el presupuesto
de egresos de la institución, tal como lo estipula en su cuarto párrafo el
artículo 175 de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero.
Pero Maricela Reyes Reyes, consejera presidenta del órgano electoral
local, olvida que en el artículo 176 de la misma ley mandata que el IEPC
administrará su patrimonio “ajustándose a los principios de honestidad,
disciplina, racionalidad, transparencia y austeridad…”
Lo último es lo que no se
está respetando, sobre todo, en una entidad pobre como Guerrero. Y, más grave
aún, que Maricela Reyes y los otros seis consejeros están violentando la
fracción V del artículo 191 de la
Constitución Política del Estado de Guerrero que claramente dice que los
servidores públicos “deberán recibir una remuneración adecuada y proporcional a
sus responsabilidades por el desempeño de su función. Ningún servidor público
podrá recibir una remuneración igual o mayor a la de su superior jerárquico, ni
superior a la establecida para el Gobernador del Estado”.
El mismo artículo especifica
que son servidores públicos del Estado “los representantes de elección popular,
los funcionarios, empleados y, en general, toda persona que con independencia
de su jerarquía o adscripción desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de
los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos, los Órganos
Autónomos y los Órganos con Autonomía Técnica”.
No hay pretexto pues para
que los consejeros electorales ganen más que el titular del Poder Ejecutivo
Estatal y, además, ganen más que sus pares de otros estados del país.
Lamentable que Guerrero
tengan servidores públicos que ganen mucho y trabajen poco.
Y por si fuera poco, los
consejeros electorales, de acuerdo al artículo 181 de la Ley Número 483 de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, durarán en
el cargo 7 años. ¡Zas!
Hasta antes de redactar
esta columna no concluía la sesión extraordinaria que convocó el IEPC.
Ojalá los representantes
de los partidos políticos hagan valer su voz para que se respete la ley y que
los consejeros electorales dejen de servirse con la cuchara grande el
presupuesto del IEPC.
Urge
un verdadero plan de austeridad en los órganos autónomos de la entidad y que
sus titulares tampoco incurran en actos de nepotismo.
Hay quienes han manifestado
su inconformidad y exigido la remoción de los siete consejeros por su voracidad
y falta de respeto a la mayoría de los guerrerenses que con gran sacrificio
perciben dos salarios mínimos al día.
De acuerdo a información
proporcionada por los representantes del PRD, MC y Morena, Maricela Reyes Reyes percibe 287 mil 457 pesos mensuales y el resto de
los consejeros 237 mil 564 pesos.
Si los consejeros deciden
reducirse su salario y lo hacen de manera transparente, serán aplaudidos. Pero
eso no es todo, también es necesario que
reintegren –tal y como se los pidió la AGE– lo que han cobrado de manera
irregular.
ENTRE
OTRAS COSAS… "Definitivamente
Fermín (Alvarado Arroyo) es peor que (Manuel) Añorve, es una versión recargada,
de mayor corrupción, de mayor cinismo y de mayor impunidad…”, señaló Ricardo Mejía Berdeja el 25 de junio de
2012, previo a la elección de presidente municipal en Acapulco, en el que Luis Walton Aburto (dueño de Movimiento
Ciudadano en Guerrero) contendió contra el priista Fermín Alvarado Arroyo.
¿Seguirá
pensando lo mismo ahora Mejía Berdeja del priista o ya lo perdonó?
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