 |
| MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN |
El 21 de septiembre de
2011, bajo el título: “Legisladores, el salario del miedo”, me referí a la
ejecución, entonces, del diputado federal priista por el estado de Guerrero,
Moisés Villanueva de la Luz y de su chofer, Erick Estrada, acto criminal
registrado el día cuatro de ese mes y que provocó la indignación de los integrantes
de la Cámara baja. Y sacudió conciencias, cité.
Dos meses después, el 23
de noviembre, el entonces presidente municipal de Tlapa de Comonfort, Willy
Reyes Ramos, fue acusado de haber pagado
300 mil pesos a Francisco Flores Lorenzo, quien se desempeñaba como secretario
de Seguridad Pública de su administración, quien contrató a los homicidas de
Villanueva de la Luz y de Erick Estrada Vásquez.
Francisco Flores Lorenzo
no era nuevo en cargos de ese nivel, en el periodo 1992-2003 fue agente
ministerial adscrito a Chilpancingo, Ciudad Altamirano, Chilapa de Álvarez,
Teloloapan, Zumpango, Chichihualco y Quechultenango, es decir, el corazón de
Tierra Caliente.
Además, fue jefe de grupo
de la corporación o elemento ministerial, conocido con el alias de “La Brocha”.
Vaya, este personaje confesó haber conseguido a los autores materiales del
homicidio del diputado federal, uno de ellos identificado como Juan Miguel
Martínez Plácido (a) “El Pequeño”, a quienes por instrucciones del alcalde de
Tlapa, Willy Reyes Ramos, pagó 300 mil pesos.
¿El móvil? Flores Lorenzo
dijo que Willy Reyes Ramos le pidió buscar gente para un trabajo especial, es
decir, “para matar al diputado Moisés Villanueva de la Luz, porque le estorbaba
políticamente”.
¿Y sabe usted qué procedió
contra Willy Reyes Ramos? Nada. El Congreso estatal se negó a desaforarlo como
alcalde para someterlo a proceso. Incluso, cuando se avistaba el proceso
electoral de 2015, reapareció el ex alcalde precisamente en espacios del
Congreso guerrerense y aseguró que no temía nada y buscaría un cargo de
elección popular.
Sólo hasta principios de
este año, Xavier Olea Peláez, fiscal del estado de Guerrero, informó que había
orden de aprehensión contra Willy Reyes y aseguró que iría tras él. Solo hay
que recordar que Olea Peláez fue abogado del entonces presidente municipal de
Tlapa de Comonfort. Y el despacho de Olea, es uno de los más caros de México.
Pero, bueno, en este
espacio el 21 de septiembre de 2011 expuse. “Intereses oscuros tocaron
nuevamente a la puerta de los legisladores y desempolvaron urgencias. Dirán que
es perogrullada referir que no es nuevo esto de los atentados contra políticos
mexicanos. La historia está llena de cobros de facturas y por conservar o
buscar el poder. Hubo, sin embargo, un periodo del siglo pasado, en que esta
praxis amainó.
“Pero, a partir de los
asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, de Luis Donaldo Colosio
Murrieta y de José Francisco Ruiz Massieu, el ajuste de cuentas tomó otros
derroteros en los que se involucró plenamente al crimen organizado bajo
condiciones políticas. Fueron ejecuciones ordenadas desde estancos del poder
político.
“Y en ese tenor, diputados
federales y locales, senadores y presidentes municipales, gobernadores y altos
funcionarios públicos, han sido víctimas de la delincuencia organizada que,
como la humedad, piano-piano se metió hasta la alcoba del poder en México.
“Por supuesto que indigna
el asesinato del diputado Villanueva y de su chofer. Pero también ofende que
los diputados federales y senadores se hayan enfrascado tempranamente en la
lucha por la sucesión presidencial, olvidándose de asuntos fundamentales como
las reformas legales en ámbitos de prevención del delito, su combate y la
impartición de justicia.
“¿Urge la Ley de Seguridad
Nacional? Ni duda cabe. Pero la ausencia de consensos y de compromiso con el
trabajo legislativo, porque la prioridad fue posicionar al partido en esta
carrera por Los Pinos, ha provocado un retraso fundamental en, por ejemplo, el
esquema legal que rija la tarea de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la
delincuencia organizada.
“Lamentable y dolorosa la
pérdida de vidas humanas, sean éstas de civiles que tuvieron la poca fortuna de
estar en el sitio y la hora incorrecta, en medio de una balacera; o de
periodistas que pagan con su vida la difusión de temas que paulatinamente se han
convertido en materia de autocensura.
“Y, como es el caso, de
legisladores que representan a distritos de aquellas regiones dominadas por el
crimen organizado. Sí, la ejecución de uno de sus pares sacudió la conciencia
de los diputados federales, al grado de que el priista Reginaldo Rivera de la
Torre, ha planteado el imperativo de que sean sujetos de un protocolo de
seguridad, que les permita contar con vigilancia de policías federales y
estatales cuando hagan sus recorridos por sus distritos.
“La propuesta del
queretano se entendió igual en la condición de que los legisladores porten
armas, como lo autoriza ya la ley a funcionarios públicos. Pero inmediatamente
el coordinador de la diputación federal del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez
González, se opuso. Consideró inaceptable que los legisladores puedan portar
armas.
“No somos gente especial y
tenemos que conducir nuestras vidas como ciudadanos de a pie. Además, no sería
suficiente armar a los legisladores, porque entonces tendría que armarse a
todos los mexicanos y esto va contra la lógica. Armar al pueblo sólo generará
mayor violencia”, adujo el maestro Vázquez.
“Y tiene razón. Aunque hay
quienes, como el senador panista y ex gobernador de Aguascalientes, Felipe
González, portan pistola. ¿Cuántos legisladores más andan armados? (…)
“Hay solución al grave
problema, si los integrantes de la LXI Legislatura federal dejan de interesarse
más en atender estrategias rumbo a la elección de 2012 que sentarse a dialogar,
discutir y aprobar el andamiaje legal que disipe el severo riesgo de que todos
los mexicanos salgamos a la calle a ganarnos el salario del miedo” Hasta aquí
lo publicado el 21 de septiembre de 201, con la paráfrasis a la cinta clásica
dirigida por Henri Georges Clouzot “El Salario del Miedo”. Quien aspire a un
cargo de elección popular deberá hacerlo bajo su propio riesgo.
Porque mire usted, es la
historia cíclica. Ayer, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC, de filiación
panista) y el presidente de ésta, el munícipe de Huixquilucan, Estado de
México, Enrique Vargas del Villar, pidieron al gobierno de Enrique Peña Nieto
que la Secretaría de Gobernación implemente un Protocolo de Protección para
Alcaldes que garantice la seguridad de los ediles en riesgo.
Refiere que en el periodo
2003-2016 han sido victimados 40 alcaldes en funciones, 7 electos y 32 ex
alcaldes; un total de 79, que incluyen a los del pasado fin de semana, Ambrosio
Soto Duarte, presidente municipal de Pungarabato, Guerrero, y de Domingo López
González, alcalde de San Juan Chamula, Chiapas.
El tamaño del salario del
miedo que devengan los alcaldes, es de tal naturaleza que la ANAC tiene
clasificación de zonas de riesgo para ser alcalde. La Zona A (Riesgo muy alto),
Zona B (Riesgo alto), Zona C y Zona D (Riesgo bajo). Y los estados con más
riesgo para los alcaldes son: Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Seguidos
por Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas y
en menor medida Coahuila, Morelos, San Luis Potosí, Puebla y Zacatecas. ¿Y
dónde están los protocolos? Crimen organizado, venta de protección, acuerdos
incumplidos, intereses bastardos… ¿Quién quiere ser alcalde en esas zonas de
riesgo? Digo.
LUNES. A Manuel Cota,
senador y dirigente de la CNC, y Pepe Eduardo Calzada Rovirosa, secretario de
Agricultura, se aproxima un problemita que deben atender de inmediato. El
Frente Auténtico del Campo anuncia que, el próximo 8 de agosto, en el
aniversario 137 del nacimiento de Emiliano Zapata, cien mil de sus integrantes
marcharán al Zócalo de la ciudad de México, para manifestar su inconformidad
por la pobreza que agobia a sus comunidades. ¿No que todo está chévere, joven
Calzada? Conste.
sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx
@msanchezlimon
Vanguardia en línea
