I
Hemos llegado al cuarto
mes de la barbarie de Iguala y el presidente Peña Nieto mantiene contra viento
y marea la decisión de achicar el problema y presentarlo como un evento
solamente imputable al crimen organizado, cuya cabeza en este caso serían el grupo
Guerreros Unidos, el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de
los Ángeles Pineda.
Aunque a nivel nacional e
internacional la opinión pública y las más calificadas voces de defensores de
derechos humanos, de diversos gobiernos y de organismos internacionales,
apremian al gobierno mexicano para enfrentar con todas sus consecuencias la
colusión entre gobernantes, jueces, policías y la narco delincuencia que Iguala
sacó a la luz, Peña Nieto y su equipo continúan haciéndose como el Tío Lolo.
Aunque las evidencias sean
muy endebles, contradictorias y poco creíbles, Peña Nieto insiste en que los 43
normalistas fueron calcinados en el basurero de Cocula; versión que cuestionan
tanto científicos de la UNAM y la UAM como los peritos forenses argentinos y
que cada vez cree menos la opinión pública.
La maniobra distractora de
darle más preeminencia a lo electoral en los medios de comunicación que a los
acontecimientos de Iguala, tampoco está dando los resultados esperados para el
régimen; por todos lados continúan brotando las exigencias de solución y
justicia para los asesinados, heridos y desaparecidos de Iguala.
Más aún, las cosas se le
están complicando aceleradamente al gobierno y a la clase política mexicana. El
acelerado desplome de los precios del petróleo, la caída del peso frente al
dólar, la retracción de la inversión nacional y extranjera ante un panorama
económico incierto y el bajo crecimiento actual y el previsto de la economía
nacional, son factores que amenazan seriamente la de por sí maltrecha economía
y el deteriorado bienestar de los sectores mayoritarios del país y presagian
estallidos de malestar social.
La gente pierde
aceleradamente la confianza en el gobierno y en el sistema político mexicano,
lo que tendrá consecuencias fuertemente abstencionistas en los resultados
electorales.
Urge ir al fondo del
asunto y desentrañar no sólo la responsabilidad que tienen en los sucesos de
Iguala los autores materiales de la masacre, sino también en las que
incurrieron los personeros políticos que los encubrieron y protegieron;
concretamente el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, el ex procurador
estatal Iñaki Blanco Cabrera, el procurador general de justicia Jesús Murillo
Karam, el secretario de gobernación Miguel Osorio Chong, el presidente Peña
Nieto, los mandos militares destacamentados en Guerrero y los líderes del PRD,
que tuvieron conocimiento y deliberadamente solaparon los crímenes imputados a
José Luis Abarca y su esposa y sus vínculos con la narco delincuencia.
II
La reciente renuncia al
PRD del senador Alejandro Encinas, ha sacado a flote la profunda podredumbre
moral y política en que se ha desbarrancado esa formación política, surgida
inicialmente de la revuelta electoral de 1988.
Los que más han enseñado
el cobre son los integrantes de la corriente Nueva Izquierda, tribu conocida
coloquialmente como “Los Chuchos”, entre quienes destacan Jesús Ortega, Jesús
Zambrano, Carlos Navarrete Ruiz, Graco Ramírez Abreu, Guadalupe Acosta Naranjo
y recientemente la actualmente senadora Angélica de la Peña.
Es un grupo que proviene
de lo que fue el Partido Socialista de los Trabajadores y que desde entonces se
ha movido a la sombra del poder, lo que les ha dado poder político y bastante
bienestar económico a sus capos.
Siempre han sido la extensión
del PRI en la izquierda y negociaron prebendas y espacios políticos con Vicente
Fox y Felipe Calderón. Con este último negociaron en lo oscurito su
reconocimiento, a cambio entre otras cosas de facilitar el acceso de Guadalupe
Acosta Naranjo, en ese entonces presidente interino del PRD, a la gubernatura
de Nayarit. López Obrador echó abajo sus pretensiones y los obligo a romper con
el PAN.
Los casos de
narcopolíticos imputados al PRD han estado siempre ligados a “Los Chuchos” ˗Gregorio
“Greg” Sánchez,
en Quintana Roo; Julio César Godoy Toscano, en Michoacán; José Luis Abarca
Velázquez, en Iguala˗ por nombrar sólo los más sobresalientes.
Hoy estos señores reclaman
a Alejandro Encinas el haber obtenido cargos públicos y de elección popular por
el PRD, como si este partido fuera patrimonio de “Los Chuchos” e incluso le
exigen renunciar a la fracción parlamentaria y a la comisión senatorial que
ocupa, dizque porque pertenecen al partido.
Bueno, la verdad es que en
su lógica patrimonialista ˗común a toda la clase política mexicana˗
el poder político
y todos los cargos que el PRD ha logrado son de su propiedad. Así lo conciben.
Para ellos ˗como
para toda la clase política
mexicana˗,
aquello de que la soberanía
dimana directamente del pueblo y debe establecerse y ejercerse exclusivamente
en su beneficio, es una frase desafortunada de los enciclopedistas europeos, de
los revolucionarios franceses y americanos del siglo XVIII y de Hidalgo y
Morelos, que nada tiene que ver con ellos.
El poder que han alcanzado
es de ellos y de nadie más y están dispuestos a defenderlo a toda costa y por
encima de lo que sea. Faltaba más; para eso son la principal mafia política del
PRD en pleno siglo XXI.
Qué bueno que Alejandro
Encinas mantiene una sana distancia crítica con el proyecto partidista de López
Obrador y que se abre a opciones ciudadanas que no tengan que ver con la
construcción de aparatos y estructuras jerárquicas, que necesariamente terminan
ahogando e inhibiendo la iniciativa y la energía popular. Enhorabuena.
III
En Guerrero, el gobernador
Rogelio Ortega Martínez, le está dando demasiadas vueltas a la puesta en
libertad de la comandanta Nestora Salgado García, coordinadora regional en
Olinalá; de Gonzalo Molina González, coordinador regional en Tixtla; de Arturo Campos
Herrera, coordinador regional en Ayutla de los Libres; todos ellos integrantes
de la CRAC-PC. Así como, a la liberación de Marco Antonio Suástegui Muñoz,
vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), y de
todos los policías comunitarios injustamente presos por defender a sus pueblos.
Ya un juez federal
estableció los fundamentos jurídicos por los cuales Nestora fue exonerada por
los delitos del fuero federal; lo cual es aplicable a los demás indiciados.
Falta que el gobierno del
estado se desista efectivamente de la acción por esos mismos delitos en cuanto
al fuero común.
Hasta ahora el fiscal
general del estado, ha hecho caso omiso de la reiterada públicamente petición
del gobernador Ortega Martínez.
¿Por qué? No más por sus
pistolas. O será porque en realidad responde más y directamente al gobierno
federal, de donde proviene, cuyos efectivos militares fueron quienes
aprendieron a Nestora.
El gobernador tiene la
opción de conceder indulto a Nestora y a los demás presos políticos de la
CRAC-PC y del CECOP, como se lo facultan la Constitución y el Código Penal del
Estado. ¿Qué espera, entonces?
Enero 25 de enero de 2015
