“En esta administración pública estatal no se criminaliza ni se detiene a nadie por ejercer sus libertades de expresión o asociación, filiación o doctrina política, sino en el caso que se atente contra los derechos de terceros, o bien se alteren el orden y la paz públicos”, señaló en conferencia de prensa el procurador general de Justicia del estado, Iñaky Blanco Cabrera.
Junto al vocero estatal, José Villanueva Manzanarez, el procurador ratificó el compromiso del gobernador Ángel Aguirre Rivero para promover la aplicación estricta del marco legal, sin distinción alguna, con la misión y convicción de preservar el estado de derecho, procurando una justicia pronta, imparcial y eficaz, “teniendo como premisa fundamental que no se persigue a nadie en razón de su ideología, credo o raza”.
En este sentido dio a conocer los avances en las investigaciones de los homicidios de José Luis Olibares Enriques y Ana Lilia Gatica Rómulo; el caso de los ecologistas de la sierra de Petatlán, Eva Fe Alarcón Ortiz y Marical Bautista Valle; el del asesinato de Juventina Villa y su hijo Reynaldo Santana Villa, y el homicidio de Raymundo Velásquez Flores, Samuel Vargas Ramírez y Miguel Ángel Solano Barrera, dirigente e integrantes de la LARSEZ respectivamente.
Caso Olibares Enriques y Gatica Rómulo
En el caso de Olibares Enriques y Gatica Rómulo, Blanco Cabrera dijo que luego de haber realizado las investigaciones correspondientes y los trabajos de de inteligencia por parte del Ministerio Público y la Policía Investigadora Ministerial (PIM), se ejerció acción penal en contra de Benito García Morales y a Ezequiel García Morales, quienes aceptaron su participación en la comisión de este delito.
Informó también que luego de las declaraciones hechas por los implicados, se solicitó orden de aprehensión contra Genaro Bahena Maldonado y Marisela Martínez García, por los mismos ilícitos.
De acuerdo a su testimonio, Ezequiel García, Olibares Enriques ordenó la muerte de Raymundo Velásquez Flores líder de la Larsez para no repartir un dinero generado por gestión social
“Ambos líderes gestionaban apoyos de carácter social en forma conjunta ante distintas instancias del gobierno del estado, logrando obtener en su oportunidad la entrega de recursos financieros, los cuales fueron depositados en una cuenta a nombre de José Luis Olibares Enriques; sin embargo, este último, para no repartir el dinero con Raymundo Velázquez Flores,Ordenó su muerte a Salvador del Carmen Vázquez, Rey David Galeana Pastrana, Daniel y Uriel, ambos de apellidos Ruano García y a él, prometiendo apoyarlos en caso de que tuvieran algún problema con motivo de tales hechos”, señaló el procurador.
Debido a esta situación los implicados en este hecho acudieron con Olibares Enriques para que los apoyara para salir de la cárcel; sin embargo, no hubo respuesta, por lo que Bahena Maldonado, García Morales y Ezequiel García acordaron privarlo de la vida.
Blanco Cabrera dijo que luego de las investigaciones, a Olibares Enriques se le atribuye la autoría intelectual de siete homicidios, además de encontrarse vinculado con hechos probablemente subversivos.
Caso Eva Fe Alarcón y Marcial Bautista Valle
Por otra parte, en el caso de Eva Fe Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, se ejerció acción penal en contra de Cesáreo Arcadio Espinoza Palma (a) El Ganso y José Johnny López Galván (a) El Güero, quienes a la fecha se encuentran sujetos a proceso por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En este caso quedan pendientes la ejecución de las órdenes de aprehensión en contra de Alejandro Rosas, René Estrada Oregón (a) El Gavilán y Salvador Granados Vargas (a) Chava Granados o El R1, los dos últimos en calidad de autores intelectuales.
Caso Juventina Villa y Reynaldo Santana Villa
En el caso del asesinato de Juventina Villa y su hijo Reynaldo Santana Villa, la PGJE libró las órdenes de aprehensión en contra de Marcelino Benítez Núñez (a) El Mayco, Tereso Díaz Núñez, Daniel Benítez Villa y Homero Gallegos García, por el delito de homicidio calificado; al respecto se pidió la colaboración de la población para aportar datos que conlleven a su captura a través del correo electrónicoatencionciudadana@ pgjeguerrero.gob.mx o el número telefónico gratuito 01800-832-7692.
Homicidio de Raymundo Velásquez Flores, Samuel Vargas Ramírez y Miguel Ángel Solano Barrera, dirigente e integrantes de la LARSEZ
Por último, en el caso de Velásquez Flores, Vargas Ramírez y Solano Barrera, el procurador del estado dijo que luego de una serie de investigaciones, se dictó auto de formal prisión en contra de Gabino García Avilés, Uriel Ruano García, Daniel Ruano García, Salvador del Carmen Vázquez y David Galeana Pastrana, por el delito de homicidio calificado.
Para finalizar, Blanco Cabrera dijo que el resultado de estas investigaciones son producto de múltiples acciones, en las que se aplica una metodología y técnicas de investigación con vertientes social y científica, que incluyen la recolección de datos, el procesamiento y análisis de la información de gabinete, así como la estructuración de teorías o hipótesis sustentadas en pruebas o evidencias.