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| PIOQUINTO DAMIÁN HUATO |
Los probables responsables pertenecían al grupo delictivo que el pasado mes de enero atentó contra la vida del ex directivo de la Canaco, Pioquinto Damián Huato
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitó y obtuvo de un juez de Primera Instancia en Materia Penal el auto de formal prisión en contra de ocho integrantes –entre ellos cuatro mujeres— de un grupo delictivo vinculado a la comisión del delito de secuestro.
El Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal fue notificado del auto de formal prisión en contra de Manuel Ignacio Juárez Castañeda (a) El Marracuis, Herminio Roque Flores (a) El Botones, Alfredo Maurilio Rojas Morales, Juan Manuel Avalos Aguilar, Tania Romero Flores, Josefina Morales Mónica, María Araceli Rojas Morales y Yuridiana Cardona Estrada, todos ellos vinculados a la organización delictiva que participó en el ataque contra del ex dirigente de la Canaco.
En razón de una denuncia telefónica realizada el 10 de febrero pasado, que reportaba a personas secuestradas en una casa de la colonia Omiltemi de Chilpancingo, fue que la noche de ese día, la Policía Ministerial y el Grupo Táctico Antisecuestro implementaron una operatividad coordinada con elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal, la cual concluyó con la liberación de dos víctimas y la detención de los probables responsables, a quienes al momento de su detención se les aseguraron dos vehículos, una camioneta marca Honda tipo CRV, color gris y un vehículo marca Nissan, tipo Tiida, color gris plata, ambos con reporte de robo.
Dos de los inculpados, en declaración ministerial manifestaron pertenecer a un grupo de la delincuencia organizada denominado Los Últimos Rojos y ser liderados por Julio César Guzmán Camacho (a) El Guzmán y Alejandro Herrera Estrada (a) El Chino, quienes les ordenaban a qué personas tenían que secuestrar. Añadieron que tenían conocimiento que los citados sujetos participaron en la agresión que sufrió Pioquinto Damián Huato, además de que la camioneta Honda CRV de color gris fue utilizada en el ataque.
En razón de las evidencias aportadas por el fiscal investigador al momento de integrar la averiguación previa fue que el juez del conocimiento estimó la existencia de elementos suficientes para sujetar a proceso penal a los probables responsables por el delito de secuestro agravado, por lo que a través del Ministerio Público adscrito a dicho órgano jurisdiccional se exigirá en las correspondientes conclusiones acusatorias la imposición de la pena máxima de 60 años de prisión a cada uno de los indiciados.
Con estas acciones, la fiscalía general guerrerense reafirma su compromiso de combatir con todo el rigor a los delincuentes, y reitera su llamado a la sociedad a fomentar la cultura de la denuncia para abatir los índices de impunidad.
