La iniciativa de ley suscrita el pasado martes 23 de septiembre, por el
propio coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional (GPPRI) en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, permitirá
a investigadores, académicos y científicos mexicanos lograr recursos de sus
propias patentes y convertirse en un Servidor Público Diferenciado.
Así lo informó la Diputada Federal Irazema González, secretaria de la
Comisión de Ciencia y Tecnología en la LXII Legislatura, quien agregó que hoy en
México, las patentes derivados de los descubrimientos, no podrían comercializarse ni ser Empresas de
Base Tecnológica para hacerse de recursos con sus propios inventos.
“Con la iniciativa suscrita por el coordinador Manlio Fabio Beltrones, los
investigadores de universidades públicas y que reciben recursos del erario, ya
podrán ser Empresas de Base Tecnológica de tal manera que los investigadores,
así como la propia universidad que sea la sede de este invento o de este nuevo
producto, ya podrá hacerse de recursos”, señaló la legisladora por el Distrito
24 Naucalpan.
“Hoy en día no se puede comercializar, lo cual no genera ningún
incentivo para el investigador o la propia universidad y la iniciativa es
justamente para potenciar la innovación, generar incentivos para que los
investigadores y académicos sigan haciendo cosas distintas que sí se puedan
comercializar y que impacten no solo en
la comunidad académica sino en la propia economía”, agregó Irazema González.
La Diputada Federal priísta agregó que esta nueva ley se va a dictaminar
durante las próximas semanas en la Comisión de Ciencia y Tecnología, además de
que se revisará la Ley de Servidores Públicos a través de la Comisión de Transparencia.
“Es la primera vez en la historia de México que los académicos y científicos
van a tener un trato diferenciado para
que puedan hacerse de recursos para sus propios inventos”, resaltó Irazema
González. “El ejemplo más claro es Google, pues el buscador se diseñó en una
universidad que no solo le genera a dinero a los jóvenes que la crearon, sino a
la propia universidad, y con estos mismos recursos se generarán más productos e
inventos que pueden potenciar no solamente la economía de los investigadores
sino de los estados y del país”.
La también vicecoordinadora de Gestión Social en el GPPRI recordó que
esta iniciativa se genera en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) y por una petición muy clara de
varios investigadores que se dedican a la biotecnología. “Debido a esta
limitante que tenía nuestra legislación, había muchos científicos y académicos
que perdían sus productos, se prestaba a malos manejos o no podían
comercializarlos. En este sentido, a la propuesta se sumaron otras
universidades, como la propia UNAM, los Centros Conacyt y otras universidades
estatales como la UANL la Universidad de Guanajuato y la propia Universidad de
Estado de México”.
Asimismo, agregó que dentro de la agenda que presentó el rector de la
UNAM, el doctor José Narro “cuando vino a la Cámara de Diputados a trazar la
agenda en ciencia, tecnología e
innovación formulaba esta iniciativa como uno de los principales planteamientos
que tenía que tener la Legislación: Hacer que los académicos y los científicos puedan
ser Servidores Públicos Diferenciados para poder comercializar no solo ellos
sino las propias universidades, sus recursos a empresas de base tecnológica”.
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