Si
bien es cierto, Guerrero atraviesa por una situación crítica de inseguridad, la
cual es aprovechada por algunos dirigentes del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) para sacar raja política y golpetear al gobierno que encabeza
Héctor Astudillo Flores, al grado de
exigir un comisionado nacional de seguridad.
Es
entendible la estrategia de los dirigentes perredistas en cuestionar a la persona
que los derrotó en la pasada elección de gobernador, pues siguen respirando por la herida y añoran los privilegios que tuvieron
durante los 10 años que (des)gobernaron la entidad con Zeferino Torreblanca
Galindo, Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez.
Cuestionan lo que en su momento no
hicieron en contra de sus jefazos. Exigen justicia por los
dirigentes sociales que fueron asesinados del 2005 al 2015, pero olvidan que
ellos mismos tiraron la bandera de la
lucha social para disfrutar de las mieles del poder.
Cuando
levantaron y mataron a Arturo
Hernández Cardona y otros miembros de Unidad Popular (UP) de Iguala en 2013,
enmudecieron. No quisieron tocar con el pétalo de una crítica a José Luis Abarca Velázquez, quien en
ese entonces fungía como alcalde de Iguala y era señalado de tener vínculos con
un grupo delincuencial.
Durante
el mandato de Zeferino Torreblanca, los cárteles de Sinaloa y Los Zetas comenzaron con su guerra de
terror en gran parte de la geografía guerrerense. La paz se perdió desde
entonces. Incluso, Zeferino llegó a decir en agosto de 2015 “ni quiero, ni
puedo combatir al narco”.
Con Ángel Aguirre la situación
empeoró. La guerra ya no solamente era entre el cártel de
Joaquín “El Chapo” Guzmán y los tamaulipecos, sino también entre los Beltrán
Leyva, el Golfo, la Familia Michoacana,
Los Caballeros Templarios, Los Rojos, Guerreros Unidos, el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), Los Granados y Los Ardillos.
Los
secuestros, las extorsiones, los levantones
y las ejecuciones ya no solamente afectaba a empresarios, sino a comerciantes y
vendedores ambulantes. Y como todos
sabemos, Aguirre se la pasó de fiesta en fiesta y delegó el poder a su sobrino
Ernesto Aguirre Gutiérrez, quien hizo lo que se le dio la gana. Y los
líderes del PRD (y uno que otro que ya se fue a Morena), muy calladitos.
Con
Rogelio Ortega, el guerrillerito
arrepentido, ni se diga. No hubo gobernabilidad, sino tolerancia a las
acciones vandálicas cometidas por estudiantes de Ayotzinapa, maestros de la
CETEG y otras agrupaciones radicales.
No
olvidemos que Beatriz Mojica Morga, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y
principal promotora para que en Guerrero llegue un comisionado federal de
seguridad, formó parte del gobierno de Ángel Aguirre y se mantuvo callada con
lo ocurrido en Iguala en septiembre de 2014, en donde gobernaban José Luis
Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa.
Insisto,
los perredistas están en su papel de
cuestionar al actual gobernante emanado de un partido distinto al suyo. Y,
bien vale preguntarles: ¿por qué no
pidieron un comisionado de seguridad en los gobiernos fallidos que encabezaron?
El
27 de octubre de 2015, ya como gobernador, Héctor Astudillo recibió un estado convulsionado
y un déficit financiero. Ángel Aguirre,
Rogelio Ortega y pandilla despilfarraron recursos y es la hora en que no
pueden comprobar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) todo lo que
ejercieron.
La
inseguridad, como ya lo he señalado en anteriores entregas, es un tema
complicado y que llevará tiempo en que se reduzca, ya que algunos alcaldes han
sido señalados de tener relaciones peligrosas y han permitido que sus cuerpos
de seguridad hayan sido infiltrados por los criminales, tal y como ocurrió en
Iguala con José Luis Abarca y en Zihuatanejo con Gustavo García Bello, ambos de extracción perredista.
La llegada de un comisionado no
resuelve el problema de inseguridad. Por el contrario, la situación empeora.
Michoacán, es el más claro ejemplo. El comisionado que la
Federación envió solamente le restó autoridad al gobernador Fausto Vallejo y los michoacanos se indignaron porque un
forastero decidía el destino de su estado.
Este
martes, durante su visita en el puerto de Acapulco, el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
manifestó que en Guerrero “no es necesario” un comisionado nacional de
seguridad y aseguró que el gobernador
Astudillo ha asumido su función y cuenta con la confianza del gobierno federal.
Luego
entonces, la petición de los dirigentes del PRD queda desechada. En Guerrero no habrá ningún virrey enviado
desde la capital del país, ya que los guerrerenses eligieron a un
gobernador en 2015. Es cuanto.
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