NO ES NUEVO QUE DESDE EL PODER se descalifique a la Comisión de los Derechos Humanos. Así ha sido siempre, incluso desde el mismo gobierno que la creó. La entonces Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado fue objeto de acusaciones, de calumnias y descalificaciones por parte de quienes tenían por costumbre violar los derechos humanos de los guerrerenses.
Y es que, en la lógica de los policías judiciales, hoy ministeriales, y los policías motorizados, hoy acreditados, entre otros, no era posible que se pusiera un freno a sus excesos, y mucho menos, que se les sancionara por ello. Y aún y cuando la cultura de la defensa de los derechos humanos se ha fortalecido, a más de 20 años de su creación, aún hay quienes descalifican y ponen en entredicho el noble deber de la Comisión.
Se entiende, ciertamente, la actitud de aquellos policías. Lo que no se entiende es que en la actualidad aún haya servidores públicos, gente del poder de primer nivel, que descalifiquen y pretendan poner en entredicho el trabajo que realiza la hoy Comisión de los Derechos Humanos del Estado, por el hecho de que no conviene a sus intereses.
En efecto, el señalamiento de que la Comisión de los Derechos Humanos protege a delincuentes, por el hecho de que esa institución es garante de que se respeten los derechos humanos de los guerrerenses, y que va contrario a los intereses o fines de los servidores públicos del estado, sigue siendo una constante de quienes suponen que por tener el poder pueden hacer lo que quieran, sin entender que los actuales son otros al de los bárbaros y sanguinarios.
Es decir, tal parece que no ha pasado el tiempo, pues desde el poder, aún y cuando siguen siendo los cuerpos policiacos los que más violan los derechos humanos, hay otros servidores públicos que siguen estando en contra del organismo defensor de los derechos humanos. Uno de ellos es el Tribunal Electoral Estatal, a través del magistrado Emiliano Lozano Cruz, quien al igual que en los tiempos de Rubén Figueroa Alcocer, se puso en contra de la Comisión de los Derechos Humanos del estado.
Es evidente que el señalamiento del magistrado electoral no lo hizo a título personal. El comentario de que “Las ratas y los delincuentes siempre buscan la protección y la impunidad en los Derechos Humanos, ja ja ja”, por el hecho de que la Comisión de los Derechos Humanos del estado protege a los guerrerenses de los abusos del poder, como el que lleva a cabo quien se ufana de que aplica el Derecho en los demás y no en sí mismo, no solo muestra que aún persisten en los órganos de gobierno enemigos de los derechos humanos, sino que están en contra de la propia ley, que eleva a rango constitucional los derechos humanos.
¿En manos de quién está, pues, la ley, si los que están obligados a aplicarla están en contra de las instituciones como lo es la Comisión de los Derechos Humanos del estado? ¿Cómo pueden los guerrerenses tener confianza en los servidores públicos cuando violentan los derechos humanos? ¿Cómo es que tenemos a este tipo de servidores públicos al frente de organismos que imparten justicia?
¿Qué dice de esto el Congreso del estado? ¿Y qué dice la propia Comisión de los Derechos Humanos? ¿Nos merecemos los guerrerenses este tipo de servidores públicos que están en contra de las instituciones por el hecho de que no les gusta la actuación de organismos públicos?
Y EN OTRO ASUNTO, AHORA FUE EN Mezcala donde surgió una supuesta policía comunitaria, presuntamente para defenderse de la violencia. Y digo supuestamente porque en los últimos pueblos donde ha aparecido, más que defender a la población, persigue otros objetivos, como parte de la estrategia que llevan a cabo los grupos delincuenciales para apoderarse de un territorio y en su caso desplazar a otro grupo.
Cierto es que su aparición tiene que ver con la ausencia de las autoridades para brindar seguridad pública, el cual, en efecto, es el pretexto, aunque está demostrado que con estos grupos de “autodefensa” la violencia no se termina, sino que solo se desplaza de un grupo delincuencial por otro. El ejemplo más vivo es el del FUSDEG con la UPOEG, cuyo enfrentamiento por “dar seguridad a los pueblos” ya ha cobrado muchas vidas.
A propósito, el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, dio a conocer la llegada de nuevos grupos de la delincuencia organizada a Guerrero, mismos que ya operan en regiones como la Tierra Caliente, Chilapa e Iguala y que llegaron de entidades tales como Puebla y el Estado de México. Yo sugiero que lo nombren secretario de Seguridad Pública, porque éste al menos sí sabe de malosos.
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