domingo, 19 de febrero de 2012

MÁS DE 10 MILLONES DE MEXICANOS NO TIENEN ACTA DE NACIMIENTO; SON “INVISIBLES” PARA EL ESTADO


       La diputada Joann Novoa destaca que por esta situación no tienen acceso a servicios sociales
Más de 10 millones de mexicanos no tienen acta de nacimiento y nunca fueron registradas, principalmente por cuestiones de pobreza, usos y costumbres, desconfianza en la autoridad y desintegración familiar, afirmó la diputada María Joann Novoa Mossberger (PAN), presidenta de la Comisión Especial para la Familia.
A través de una iniciativa, la legisladora señaló que es preocupante el problema de falta de registro de nacimiento, ya que por no tener este documento son “invisibles” para el Estado.
Recalcó que la falta de registro conlleva a que sin acta de nacimiento no se puede acceder a los servicios sociales, tales como programas de superación de la pobreza, de salud o de educación; es por ello que el subregistro agrava la situación de pobreza y vulnerabilidad en la que se encuentran un gran número de niños.
Precisó que de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho a la identidad es de orden público y de cuyo respeto se derivan el derecho a la nacionalidad y a conocer su origen.
Añadió que al ser respetados y consagrados éstos en una norma, no sólo se elevan jurídicamente a la esfera de protección de garantías del ciudadano, sino que dignifican su individualidad y calidad de ser humano, al poder conocer su identidad de forma certera y plena.
Por ello, dijo, es necesario establecer mecanismos que hagan válidos los derechos consagrados, a fin de que los niños y adolescentes puedan ejercerlos plenamente.
Planteó reformar la Constitución Política, el Código Civil Federal y la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, para establecer claramente la universalidad, obligatoriedad y gratuidad del derecho a la identidad; sobre todo, asentar la obligación de los padres de familia de registrar de forma inmediata a sus hijos.
Además, dejar asentadas las obligaciones de las entidades federativas a tomar las medidas necesarias a fin de proteger el registro inmediato de los menores, abatir el subregistro y respetar integralmente el derecho a la identidad.