El
colmo de colmos. Si de por sí la articulación del sistema político mexicano ha
sido ampliamente cuestionado por su constitución autoritaria, procedimental y
parcializada, en virtud de la preponderancia partidocrática que impone
tránsitos a estadios de equilibrio total sin pasar por dinámicas sociales de
cambio estructural y funcional; ahora se está tocando fondo al conocer que la
fiscalización electoral da entrada a la utilización de recursos financieros sin
restricciones eficaces in situ.
No
obstante que la letra normativa establece que ningún partido puede gastar las
prerrogativas financieras fuera del marco consensuado por todos los actores de
la trama política y menos aún que inserten recursos de procedencia privada o
pública externa al proceso mismo, el consejero Lorenzo Córdova Vianello puso al
descubierto, palabras más, palabras menos, que la fiscalización del IFE es un
candado abierto, pues si los organismos políticos hicieran uso indebido del
patrimonio nacional etiquetado como apoyo al ensanchamiento democrático,
aceptando recursos no autorizados provenientes de corporativos o particulares,
los gastos de campaña en 2012 podrán evaluarse y sancionarse, en su caso, un
año después de la jornada del domingo 1 de julio, es decir, hasta 2013.
Si
se llegaran a detectar extralimitaciones en los topes o la cabida de
aportaciones “ilegítimas” no habría nada qué hacer, pues la reglamentación en
la materia no prevé la destitución de ningún cargo de elección popular por dicha
razón. Habría consecuencias jurídicas que implican desde amonestaciones públicas
hasta sanciones económicas y la pérdida del registro, pero no efectos directos
para la elección ni los representantes populares “elegidos”. Esto y nada es lo
mismo, decía mi tío Toño.
Las
multicitadas reformas políticas no son el punto final para que existan en la
praxis leyes electorales que fortalezcan e incrementen la cultura política y la
democracia sustantiva en México, pues la llave de acceso al universo de
participación societal la tiene en sus manos el Estado, partidos políticos y
los organismos electorales a nivel federal y estatal que están conformados por
personajes propuestos por la clase política hegemónica®. La apuesta de los detentadores del poder real gira en el eje de
conservación del monopolio y la dominación de la actividad política, creando y
modificando normas que en apariencia amplían el espectro democrático, pero que
en la práctica únicamente representan vehículos de control administrativo, como
parte del circo al que está acostumbrado a observar la sociedad mexicana.
Que
la fiscalización de los recursos financieros sea promovida como un “avance
sustancial” no connota que en verdad sea un mecanismo para supervisar, evaluar
y sancionar desvíos presupuestales de partidos y candidatos. En el caso
específico de la fiscalización de gastos de campaña 2012, el procedimiento
consiste solamente en recopilar y revisar cúmulos de datos y quejas sobre los
que ocurre en el ámbito político-electoral, para luego, “a toro pasado”,
revisar y amonestar, si ese fuera la cuestión. ¿Qué pasaría si queda demostrado
el abuso de prerrogativas y la inclusión de recursos financieros, materiales,
técnicos y humanos de dudosa o renombrada procedencia? Nada, pues sería hasta
el 2013 cuando los inculpados ya estarían ocupando los cargos de elección
popular, gozando de fuero, que es casi una patente de Corzo.
Los
partidos y sus candidatos no tienen trabas, sino por el contrario, incentivos,
toda vez que a pesar de que se descubran rebases en los topes de gastos de
campaña no puede anularse la elección. Hay llamadas de atención, multas y
reconsideraciones, pero hasta ahí. En el pasado inmediato el grupo Amigos de
Fox, por ejemplo, fue sancionado con 500 millones de pesos a los partidos que
postularon a Vicente Fox Quesada, quien resultó presidente de la República (2000-2006).
Éste fue investido y terminó su encargo. Lo mismo pasó con el actual Ejecutivo,
Felipe Calderón Hinojosa, al conocerse sus vinculaciones en el proceso
electoral por medios de promocionales audiovisuales e impresos, pero que
solamente se llevó amonestaciones públicas………….como me repetía mi abuela
Rosalina: “son como llamadas a misa, mi
hijo. Por eso haz como que bajas la mirada y sigue andando”.
Ante
este escenario cínico que consiente irregularidades electorales es necesario
alejarse de los cantos de sirenas que nos repiten sin cesar que el horizonte de
la democracia se acerca cada vez más y más, para retomar los caminos de
exigencia social -en lo horizontal- y sin tener que pasar por filtros
legislativos o condescendencias gubernamentales, lo cual permita detener la
perversidad de partidos que, sabiendo del mal que cometen al rebasar gastos y
dar acceso a dinero de particulares o empresas, no paran de repetir dicho
procedimiento. No puede seguirse con el modelo de” haces mal y te aplico
sanción administrativa”.
Hay
que repensar que la reforma política tiene que contemplar sanción electoral y
penal y no quedarse en lo meramente administrativo. Si una mujer u hombre es
electo y toma posesión de su cargo público, pero se le descubre que lo hizo
violando la legislación electoral, sobregirándose y con recursos ilícitos, debe
ser separado del cargo y puesto a disposición de las autoridades judiciales.
Esto
no es utopía, pues en países como Brasil son realidades comprobadas. El affair Fernando Collor de Melo, quien en
1992 tuvo que dejar la presidencia del país carioca (a casi tres años de tomar
posesión) por habérsele comprobado actos de corrupción desde su campaña
proselitista. Pero aquí, en la Nación vecina al coloso norteamericano no pasa
nada aún. Pese a los acontecimientos de inactividad social prevaleciente, estoy
convencido que las contradicciones existentes harán que pase algo en beneficio
de las mayorías. Bueno, eso es lo que decimos los idealistas con los pies en la
tierra. Sin embargo, el cambio trascendental implica una regeneración
constitucional de fondo.
® Tanto
en el IFE como en los organismos estatales encargados de recular la operación
de los procesos electorales están integrados por juristas, académicos,
políticos de carrera y especialistas en áreas de las ciencias sociales que
supuestamente no tienen filiaciones con partidos o gobiernos en turno. Sin
embargo, basta revisar la plana curricular de cada uno de ellos para descubrir
un pasado muy cercano a los linderos del poder. La inclusión de los consejeros
depende de los acuerdos entre partidos políticos, como sucedió con el
nombramiento de Sergio García Ramírez, ex-titular de la PGR, hace apenas unos
meses. B.H.G. baltasarhg@gmail.com baltasarhernandezgomez1@hotmail.com
