EL ASESINATO DE UN
integrante del Fusdeg, a manos de elementos de la Upoeg, en el municipio de
Tierra Colorada, debe, y debería, poner en alerta al Gobierno del estado, o
mejor dicho, a la Secretaría de seguridad Pública estatal, y a la propia
Fiscalía General, y por supuesto, al Gobierno federal, incluido el Ejército
mexicano y la Policía federal, con todo y las violaciones a los derechos
humanos que cometen en esta guerra que se lleva contra el narco y la
delincuencia organizada.
Y es que no son pocas las
muertes que han ocurrido entre ambos grupos que en el discurso defienden a las
comunidades de la delincuencia, pero que en los hechos no siempre ocurre así,
razón precisamente por la que se encuentran enfrentados, luego de que de la
Upoeg se desprendió un grupo de supuestos comunitarios para posteriormente
fundar el Fusdeg.
Hay que decirlo.
Ciertamente tanto el Fusdeg como la Upoeg parecen defender, y representar,
intereses ajenos a los de los pueblos en los que se encuentran, pues ni han
acabado con la delincuencia ni han logrado la paz y la tranquilidad de la
población, a la que por cierto mantienen sometida a sus intereses con fines no
muy claros.
Precisamente por esos
intereses es que ambos, la Upoeg y el Fusdeg, se encuentran enfrentados, con
muertos de cada uno y otro lado; con acusaciones mutuas de emboscadas y
acusaciones de defender o pertenecer a grupos específicos de delincuentes.
Precisamente por ese enfrentamiento entre ambos grupos, en vez de establecer
una alianza en contra de la delincuencia, es que el domingo pasado fue muerto a
tiros un miembro del Fusdeg, cuando se encontró con un retén de la Upoeg en
Tierra Colorada.
En este sentido, mientras
la Upoeg señala que solo se defendió cuando Edilberto Santiago Díaz intentó
dispararles en un retén, solo que se le encasquilló el arma que portaba, el
Fusdeg acusa que su compañero fue ejecutado en una emboscada, lo que ha
polarizado el encono entre ambos grupos que se asumen como policías
comunitarios, aunque portan armas de uso exclusivo del Ejército.
Es pues cuestión de
tiempo. El cobro de agravios está latente entre ambos grupos. Si la sangre
derramada no ha llegado al río, por el hecho de que no ha sido suficiente, es
cuestión de que alguien, incluso ajeno al Fusdeg y a la Upoeg, encienda la
mecha con consecuencias muy lamentables que pondrían al estado de Guerrero
mucho peor de lo que actualmente se encuentra.
Por eso es importante que
el Gobierno estatal, y el federal también, tomen en cuenta el enfrentamiento
entre ambos grupos de “policías comunitarios”. No hacerlo, es ignorar un
problema que puede, porque ambos tienen en su poder no solo escopetas, sino
incluso fusiles de asalto, de uso exclusivo del Ejército mexicano, llenar de
luto al pueblo de Guerrero. Hasta ahora, solo la Comisión de los Derechos
Humanos de la entidad, encabezada por Ramón Navarrete Magdaleno, ha tomado
cartas en el asunto, mediando entre las partes para que la sangre no llegue al
río.
En efecto, de no ser por
la Codehum, quien además de mediar entre las partes y de buscar coincidencias
entre ambos grupos para acabar con su enfrentamiento, con el fin de evitar un
baño de sangre, poco o nada se sabe sobre alguna autoridad del gobierno estatal
para atender y resolver el conflicto entre ambos grupos que, como decía, ya ha
costado varios muertos. Ojalá y no ocurra que después de ahogado el niño,
quieran tapar el pozo.
Y EN OTRO ASUNTO, este fin
de semana el presidente municipal de Chilapa, Jesús Parra García, inició con la
entrega de fertilizante para el ciclo agrícola
primavera-verano, en beneficio de 25 mil 993 campesinos registrados en
el padrón respectivo. Y lo que es mejor, el paquete de fertilizante, que
contempla además abono orgánico, es gratuito, tanto porque el gobierno estatal
también pone la parte que aportaban los productores, como porque el alcalde
decidió que el arrastre hasta las comunidades sea absorbido por el gobierno que
encabeza.
Durante su intervención en
el evento, el primer edil de este municipio externó un agradecimiento a los
regidores de la comuna por acordar que el arrastre del fertilizante sea
gratuito. Asimismo al gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, quien en
campaña, dijo, hizo el compromiso con los campesinos y con hechos está
demostrando que es un gobernador que cumple.
Parra García aseguró que
los recursos se están manejando de la mejor manera, a la vez que reconoció el
trabajo que realiza la Dirección de Fertilizante y Fomento Tecnológico por
atender a las personas, e instruyó a que “sigan atendiendo a la gente de una
manera amable, porque a ellos les debemos que hoy les estemos sirviendo”. El
mandatario municipal informó que la inversión del municipio en cuanto al
traslado es de 40 millones de pesos. “Iniciaremos con las comunidades más
alejadas que conforman Chilapa”, anunció.
Y cheque usted. Nada más
la inversión estatal del Ayuntamiento de Chilapa, sin contar el arrastre, es de
40 millones de pesos que, dijo Jesús Parra, bien lo vale el apoyo a los
campesinos de ese municipio, el cual, al igual que otros del estado, no solo es
violencia, sino trabajo para lograr el desarrollo y bienestar que requieren las
mujeres y los hombres chilapenses.
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