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| Moisés Sánchez Limón |
Práctica recurrente es la de las camadas de nuevos ricos al término de cada administración federal, estatal y municipal. Hasta fechas recientes se ha conocido de la captura de alcaldes acusados de fraude o uso indebido de los recursos presupuestales.
De gobernadores acusados de corruptos unos cuantos casos han sido denunciados, mas ninguno de ellos sujeto a proceso penal. Humberto Moreira, Andrés Granier, Emilio González Márquez, José Murat, Fidel Herrera Beltrán y Ulises Ruiz, forman parte de esa pléyade cobijada por la impunidad.
Algunos de sus colaboradores han sido procesados y sentenciados a prisión, otros premiados con cargos en el gobierno federal, como parte de un juego elemental que dicta la solvencia de por vida, la garantía para estos ex funcionarios que juraron al asumir el cargo ser disciplinados, fieles y leales al jefe máximo.
¿De dónde han salido las carretadas de dinero para fondearse, en cuentas personales, por ejemplo en paraísos fiscales como las Islas Caimán? Indudablemente de las participaciones presupuestales que alimentan egos y carteras. Pero también vía endeudamiento y otras lindezas que sólo son explicables cuando se originan en la máxima cúpula del poder político nacional.
Hace unos días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público rindió el informe trimestral del estado de las finanzas nacionales, el debe y el haber en términos llanos.
En ninguna parte del documento se encontró referencia alguna al monto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que por decreto presidencial, en 2008, de Felipe Calderón, y en 2013 mediante la Ley de Ingresos de la Federación, iniciativa de Enrique Peña Nieto, los gobiernos estatales y municipales, inclusive las 16 delegaciones del DF y el gobierno capitalino, retienen de sus trabajadores pero no reportan a la Secretaría de Hacienda.
En 2008, Calderón determinó un borrón y cuenta nueva de adeudos del ISR a estados y municipios, con retroactividad al inicio del sexenio de Vicente Fox, y determinó una reducción gradual hasta 2012, pero sin duda los gobernadores, alcaldes, jefes delegaciones y hasta Marcelo Ebrard, no reportaron los porcentajes acordados, es decir, se hicieron patos.
Luego, en la referida iniciativa de Ley de Ingresos, en el artículo 9, párrafo último, el presidente Enrique Peña Nieto determinó el borrón de 2012 y hacia atrás, para establecer que en este año, 2013, los estados y municipios reporten 60 por ciento del ISR retenido y, en 2014, 30 por ciento.
Quizá la medida es buena para paliar la deuda de esos niveles de gobierno, que ya rebasa los 400 mil millones de pesos, pero resulta que el decreto y la Ley de Ingresos en ninguna línea, artículo ni transitorio plantea la posibilidad de que el ISR retenido se destine al pago de duda o para gasto corriente.
Hasta ahí nada tendría de cuestionable. Pero resulta que ningún gobierno estatal, municipal, delegacional y del Distrito Federal ha reportado el monto del ISR retenido y el destino que le ha dado. Vaya, igualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de la Auditoría Superior de la Federación lo han reportado.
¿Cuál es la razón de esa excesiva opacidad en la retención del ISR? Dicen que en caja abierta el más justo peca. Y hasta donde sabemos, los señores gobernadores, alcaldes y jefes delegacionales no son hermanas de la caridad que con esos dineros hagan el bien común.
¿Por qué no obligarlos a rendir cuentas? No hay duda de que muchos de estos gobernantes no son culpables de las deudas contraídas por sus antecesores; ejemplos hay varios. Tampoco puede regateárseles mecanismos de legal captación de dineros públicos para crear empleos mediante la construcción de infraestructura.
¿Cuánto habrán retenido de ISR en los últimos doce años? ¿Cuál fue el destino que dieron a esos recursos? ¿Por qué Hacienda les dio manga ancha sin requerirles siquiera un reporte en papel de estraza? Si el objetivo es combatir la impunidad, hay que comenzar por casa. Digo.
