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| JOSÉ MANUEL GÓMEZ |
Desde
hace años uno de los mayores reclamos de los mexicanos a sus gobernantes es el
restablecimiento de la paz y la seguridad a lo largo y ancho del territorio
nacional y no es para menos, la Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE). Uno de cada tres hogares tiene a
un integrante que ha sido víctima de algún delito y de acuerdo con cifras,
hasta 2017 se habían cometido 33 millones de delitos y 275 mil víctimas
de homicidio en los últimos 12 años.
Fueron
estas abrumadoras cifras, junto a la promesa de frenar las cifras de violencia,
las que llevaron a 30 millones de ciudadanos a votar por el proyecto de Andrés
Manuel López Obrador, el tabasqueño y su equipo prometían que las familias de
México recuperarían la tranquilidad y confianza en las instituciones y la
prioridad sería garantizar la paz y mejorar la vida de cada uno de los
mexicanos.
Al
día de hoy, las cifras emanadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, señalan que los homicidios registrados de enero
a marzo de este año significaron un aumento del 9.60 por ciento respecto a los
7 mil 750 asesinatos registrados en el mismo periodo del 2018, considerado como
el año más violento de la historia del país, con 33 mil 518 asesinatos, la
cifra más alta desde que se inició el registro en 1997, a lo que el ejecutivo
federal ha prometido que en un periodo de seis meses y con la guardia nacional
ya en operaciones, habrá un cambio sustancial en las estadísticas.
No
obstante, antes de que esta promesa pueda llegar a buen puerto hay retos que
afrontar como la transparencia, un asunto en el que el presidente siempre ha
calificado de elemental, pero que no obstante presenta fallas en la práctica
basta con mencionar que en el marco de la creación de la Guardia Nacional, la
SEDENA ha incumplido con resoluciones del pleno del INAI al negar la existencia
de información básica sobre su actuar en los últimos 12 años, hecho que viene a
chocar con lo pactado en el acuerdo con la Alta Comisionada de Derechos Humanos
de Naciones Unidas para que el organismo internacional asesore en la formación
de la Guardia Nacional.
Otro
asunto pendiente es la garantía que el estado mexicano puede dar a la libertad
de prensa, México ocupa el puesto 144, de los 180 países, que conforman
la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada
anualmente por la organización RSF (Reporteros Sin Fronteras).
La
seguridad no debe ser una promesa de los funcionarios a los ciudadanos, debe
ser una obligación por la cual, todos los órdenes deben trabajar, hombro con
hombro sin importar filiaciones partidistas, el tiempo del golpeteo político ha
terminado, si la 4T de verdad quiere alzarse como el cambio que tantas veces
dijo representar debe tender puentes a quienes se nombran oposición, que tienen
el reto por demostrar que no solo serán obstáculos, sino colaboradores y
contrapesos adecuados, cuando la situación lo amerite, antes de que el sueño de
la paz para los mexicanos se hunda para siempre.
