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| CARLOS REYES ROMERO |
NO
A LA REPRESIÓN; SOLUCIONES JUSTAS A LA BARBARIE DE IGUALA
Carlos
Reyes Romero
Desde que el presidente
Peña Nieto regreso de su gira por China y Australia, se le advierte una marcada
tentación de recurrir a una solución de fuerza para sofocar el movimiento por
la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos.
Sería un grave error que
el gobierno recurriera a la fuerza pública contra los padres de los
normalistas, los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y las
fuerzas sociales que apoyan este movimiento.
Ciertamente, la acción de
grupos radicales y extremistas, de los cuales se están deslindando públicamente
los principales dirigentes del movimiento, sirve de pretexto para que los
sectores más conservadores del gobierno presionen para el uso de la fuerza pública,
lo cual sólo ahondaría más la crispación, el hartazgo social y el desencuentro
entre el gobierno y la sociedad.
El problema es básicamente
político, aunque tenga raíces en la polarización económica y la desigualdad
social que hace décadas padece el país, en la inseguridad, impunidad e
injusticia que reinan en México y en el contubernio de policías, autoridades y
crimen organizado que impera en vastas zonas de la nación y del aparato
gubernamental.
De ahí que más que de
represión, se necesita de soluciones políticas justas.
Es urgente implementar un
conjunto de medidas y acciones que reencaucen el país hacia el reinicio de la
transición democrática y la instauración de un auténtico y efectivo estado de
derecho, para que tanto el gobierno como el pueblo se sujeten a leyes, y éstas
no sólo se apliquen al ciudadano común y corriente mientras los funcionarios
públicos de alto nivel gozan de total impunidad por un modelo de fuero
constitucional y leyes de responsabilidades que los hacen prácticamente inmunes
a la acción de la justicia.
El hecho de que la clase
política mexicana, la de todos los partidos, considere la cosa pública como
patrimonio propio, del cual puede disponer con absoluta discrecionalidad y sin
rendición veraz y efectiva de cuentas, es la causa más profunda y viral de la
corrupción e impunidad imperantes y del profundo malestar y descontento que
azota al país.
Insistimos. Remontar la
actual crisis política y social, requiere de acciones políticas justas y
urgentes, entre las cuales proponemos:
§ Aplicar estrategias más
efectivas y contundentes para la búsqueda de los normalistas desaparecidos, con
una mayor y efectiva coadyuvancia de los padres de los normalistas
desaparecidos y de sus asesores legales y técnicos.
§ Cumplir los compromisos
establecidos el 29 de octubre de 2014, entre el presidente Enrique Peña Nieto y
los beneficiarios de las medidas cautelares decretadas por la CIDH para el caso
de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
§ Garantizar el
acatamiento de las recomendaciones que emitan la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos ˗bajo su nueva presidencia˗ y
el grupo de especialistas de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instituciones que contribuirán a la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos y la
investigación de las presuntas responsabilidades oficiales en que se haya
incurrido con motivo de la barbarie de Iguala.
§ Investigar y sancionar a
los funcionarios estatales y federales que habiendo conocido de los asesinatos
del ex edil de Iguala José Luis Abarca, y lo protegieron a él, a su esposa y a
su jefe de seguridad pública; de haberse actuado a tiempo seguramente se
hubiera evitado esta barbarie que tanto indigna a la sociedad y nos desacredita
ante el mundo.
§ Retirar el fuero que
todavía gozan constitucionalmente el ex edil de Iguala y los ex funcionarios
públicos del saliente gobierno de Guerrero, para que puedan ser investigados,
sujetos a proceso y sancionados conforme a las responsabilidades en que hayan
incurrido.
§ Establecer un Acuerdo
Nacional para la Erradicación de la Impunidad y la Corrupción en la vida
pública del país, a fin de aplicar una política de tolerancia cero contra la
corrupción y la impunidad, combatir la colusión de servidores públicos en la
comisión de delitos al amparo de los cargos públicos y blindar el sistema
electoral de la infiltración de la narcodelincuencia. Se trata de un Acuerdo
que vaya más allá de los instrumentos legales e institucionales ya planteados
en el Congreso de la Unión, implementando un sólido acuerdo de voluntades de
toda la clase política, con una amplia concurrencia de la sociedad civil.
§ Crear un Consejo de Estado
que garantice la eficacia y cumplimiento de este Acuerdo, integrado
honoríficamente por los titulares de los tres Poderes de la Unión, los
presidentes de los partidos políticos nacionales, los titulares de la CNDH y el
IFAI y cuando menos cinco representantes de prestigiados organismos sociales
defensores de los derechos humanos y promotores de la veraz y efectiva
rendición de cuentas. En los países políticamente más avanzados funcionan
acuerdos e instituciones de esta naturaleza.
§ Reformar la inmunidad
constitucional de que gozan el presidente de la República y los servidores
públicos que ahora solo pueden ser removidos de su cargo o sujetos a proceso
mediante juicio político o de procedencia, a fin de que puedan ser enjuiciados
independientemente del cargo que tengan; el cual perderán en caso de ser
hallados culpables.
§ Acelerar la implantación
en todo el país del sistema de justicia penal acusatorio y oral y revisar sus
fines y procedimientos a fin de garantizar que el debido proceso no se sobreponga
ni haga nugatoria la debida justicia. De otra manera, la prevaricación de la
justicia y la impunidad se estarían volviendo la característica del nuevo
sistema.
§ Reconsiderar la
resolución de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en cuanto a la consulta sobre la reforma
energética, el monto de los salarios mínimos y la reducción de diputaciones
plurinominales, planteadas para
realizarse el 7 de junio de 2015. El pueblo tiene pleno y total derecho a decidir
sobre estas cuestiones y no sólo los políticos, en quienes provisionalmente se
ha delegado la soberanía popular. Convendría también analizar la pertinencia de
reducir a 200 los diputados de mayoría relativa; al país no le hace sirve un
poder legislativo voluminoso, costoso e ineficaz.
En nuestra opinión, estas
son algunas de las medidas que en lo inmediato se pueden tomar para encauzar la
solución de la actual crisis mediante el diálogo y la construcción de acuerdos
y diseños más democráticos, federalistas y socialmente participativos para el
país.
No son las únicas
posibles, pero si son bastante viables para abordar con actitudes políticas
justas lo complejo y dramático de los sucesos de Iguala.
Otros sectores y
personalidades, entre ellos el Instituto de Estudios para la Transición Democrática
han aportado análisis y propuestas para la superación democrática del país. Eso
es bueno, porque muestra que aún en la más siniestra adversidad los mexicanos
buscamos caminos y alternativas para salir adelante. Ojalá haya más interesados
en contribuir a este debate.
