Localizar la fórmula de la vacuna anticorrupción, en México, ha sido como buscar la fuente de la juventud: hazaña imposible y de carácter mitológico.
De acuerdo con el coordinador de la diputación federal del PAN, Ricardo Anaya Cortés, en México “está claro que hemos tocado fondo en materia de corrupción”. Y pone como ejemplo los mil 300 casos de promoción de responsabilidad que, la semana pasada, presentó el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, como ejemplo de que la corrupción no detiene su galope en el sector público y que en ancas lleva al sector privado.
Sin embargo, ese fondo que alude Anaya, se tocó desde hace rato hasta convertirse en un piso subterráneo, apenas acorde con los acuerdos que se toman en los sótanos de los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada, en asuntos de suyo recurrentes como las licitaciones que suelen disfrazarse con supuestos participantes en concursos arreglados.
¿Tocó fondo el país, mejor dicho el gobierno y sus socios, en materia de corrupción? Desde antes de los cañonazos de 50 mil pesos invocados por Álvaro Obregón como medida para corromper en aquel México posrevolucionario y hasta el diezmo acuñado en moneda de cambio para lograr favores en contratos con el gobierno de los tres niveles --aunque hay funcionarios públicos que prefieren asociarse con las empresas proveedoras--, ha sido evidente que la corrupción en el país no tiene fondo.
Sin duda lo que tocó fondo fue la fibra de la impunidad y la ausencia de temor a una ley que, recurrente y sexenalmente, gobernantes y legisladores han pretendido reformar para sancionar ejemplarmente a los delincuentes de cuello blanco, en la punta de la pirámide que se asienta en los funcionarios de medio pelo, sin soslayar a los cuerpos policiacos y los responsables de prevenir, procurar e impartir justicia.
Por ello, tiene razón el joven legislador Ricardo Anaya, “es urgente que dejen de ser los empleados de los alcaldes, de los gobernadores y del Presidente de la República quienes resuelvan estas acusaciones”, en alusión a las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública de 2013, es decir, el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto.
En efecto, es incongruente que el gobierno sea juez y parte, como ocurre con esa solicitud que el presidente Enrique Peña Nieto hizo al flamante resucitador de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, para que investigue y deslinde si hubo o no tráfico de influencias o conflicto de intereses con la adquisición de la llamada Casa Blanca y la residencia en Ixtapan de la Sal, y de paso el inmueble que adquirió el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, en Malinalco.
¿Alguien creerá las conclusiones que entregue el maestro Virgilio Andrade que exculparán de la comisión de delito alguno a Peña Nieto y Viegaray? Porque, sin duda alguna, ése será el parte que rinda el secretario de la Función Pública.
Y justamente en ese tipo de mecanismos, de tribunales ad hoc, estriba el rechazo de los diputados federales del PAN a negociar la propuesta que presentara la bancada priista en la Cámara baja, porque el Tribunal que se ha planteado en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción, carecía de la independencia requerida, es decir, sin la intervención de Presidente de la República como cabeza de una especie de Consejo de notables con funciones sancionadoras.
“Debe ser un Tribunal Autónomo que entre al fondo de esos asuntos, que se castigue a quienes cometen actos de corrupción”, refirió el diputado Anaya Cortés el jueves de la semana pasada y sostuvo que, para el PAN en la Cámara baja, no hay negociación alguna en lo fundamental.
La solución de fondo, conforme con el planteamiento de Ricardo Anaya y suscrito por toda la bancada que coordina en el Palacio Legislativo de San Lázaro, “está clara: aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción, que cualquier ciudadano pueda acudir a la Fiscalía a denunciar un acto de corrupción, que la Fiscalía esté obligada a dar vista al Poder Judicial de la Federación, que se castigue a los responsables, que los corruptos vayan a la cárcel”.
Y esta semana deberá concretarse este Sistema Nacional Anticorrupción. La fracción parlamentaria del PRI está decidida impulsar la mejor negociación de fondo; los diputados del PAN y del PRD tienen más coincidencias que disensos en esta materia.
¿Tiene el PAN la fórmula de la vacuna anticorrupción? Entre este lunes y mañana martes 24 de febrero, sabremos si existe o sigue con carácter mitológico.
“Vamos a aprobar un Sistema Nacional Anticorrupción; debe ser un Sistema robusto, integral, que verdaderamente sirva para el combate a la corrupción. No nos vamos a prestar a medidas cosméticas que solamente simulen; nosotros (el PAN) vamos por combate a la corrupción, en serio, a fondo”, advirtió Anaya en este preámbulo de la discusión legislativas.
El riesgo, para quien se oponga al dictamen de la iniciativa que habrá de prosperar en comisiones, es que se le ubique en la complicidad del manto de la impunidad que, por décadas, ha arropado a los corruptos, estos delincuentes de cuello blanco que no pisan la prisión porque robar al erario no es tan grave como robar un pan que lleva a prisión a mexicanos pobres.
¿Veremos tras las rejas a verdaderos tiburones ejemplares de la corrupción en México? Algunos gobernantes, como Ángel Heladio Aguirre Rivero, serían buenos peces gordototototes que estrenaran la reforma constitucional que dará a luz ese nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Ya veremos. Digo.
LUNES. Y ya que aludimos a las reformas constitucionales, la concerniente en materia de telecomunicaciones –aprobada hace casi un año--ha mejorado la vida de muchos mexicanos que ahora tienen acceso a Internet. El derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y el derecho de incorporarse a la sociedad de la información y el conocimiento es la esencia de esta reforma estructural que, a la fecha ha permitido conectar 65 mil sitios públicos como escuelas, hospitales y oficinas de gobierno.
En ese escenario, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, anunció que este año se conectarán 100 mil sitios más y la meta, al concluir esta administración es que haya 250 mil espacios públicos conectados en el país. La reforma en telecomunicaciones tiene el objetivo de propiciar una mayor competencia, mejor servicio tanto de comunicación como de internet, mayor cobertura de este servicio tan necesario en el país y tan restringido hoy en día, precios accesibles para los mexicanos y respeto a la manifestación de las ideas.
Por ello, la iniciativa se construyó tomando en cuenta las recomendaciones de más de 30 aportaciones de concesionarios, organismos empresariales, académicos y organismos internacionales, como es el caso de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de la OCDE. Conste.
@msanchezlimon
