REFORMA
Ciudad de México (15 octubre 2012).- Para implementar la reforma penal en el Distrito Federal, las autoridades capitalinas tienen al menos dos proyectos de Código de Procedimientos Penales, por lo que buscarán ponerse de acuerdo para presentar uno sólo al Jefe de Gobierno y que éste sea aprobado por los legisladores.
El coordinador de la Unidad para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el DF, Jorge Antonio Mirón, detalló a REFORMA que con los recursos entregados por la Federación se abrió una convocatoria para la elaboración del proyecto de este Código.
El Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio fue el ganador de este procedimiento de adquisición y tardó aproximadamente siete meses en hacer el proyecto, al que la Unidad que se encuentra en la Procuraduría capitalina ha hecho correcciones.
"Quienes lo hemos revisado ha sido la Procuraduría, a quienes se les ha entregado ha sido a todos los operadores, de los que no hemos recibido opiniones, prácticamente nosotros somos los que hemos venido haciendo los ajustes, las correcciones, los comentarios y por eso está identificado como de nosotros", enfatizó.
Mirón señaló que el otro proyecto es el que recientemente anunció el presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, y debido a que difieren en algunos temas, buscarán elaborar un solo proyecto con las ideas de ambas instituciones.
"Voy a platicar con el Presidente del Tribunal, de acuerdo a las instrucciones del Procurador, para ver si logramos empatar esos proyectos y evidentemente el Distrito Federal presentar su proyecto único que creo que no debe costarnos trabajo porque traemos la misma dinámica y sólo es ajustar algunos temas que interesan y que creemos que son parte central del proyecto del código", confió.
El también subprocurador Jurídico de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos de la PGJDF adelantó que en el proyecto de Código de la Unidad de Implementación, un tema fundamental es el respeto a los derechos de las víctimas, así como la solución alterna de conflictos y la aplicación de medidas cautelares, ya que se busca definir los casos en que éstas últimas se deben aplicar para garantizar el derecho a la seguridad jurídica.
Uno de los temas que más han analizado, reconoció, es el de las etapas del procedimiento penal, ya que difieren de los códigos de otras entidades.
"Creemos que en muchos de ellos se hicieron importaciones extranjeras que a veces no son muy coincidentes con nuestro propio sistema.
"Nosotros hicimos una construcción de cinco etapas que creemos que con esas nos permite distinguir cómo se va desarrollando el procedimiento penal", explicó.
La flagrancia y el caso urgente, son otros temas del Código en los que se puso mayor atención para que éstos estén debidamente justificados.
"En el código no está definido, pero está abierto la forma de cómo estaría actuando el Tribunal, nosotros hablamos de un juez o de un tribunal de juicio oral porque la experiencia que hay en los estados puede ser de dos maneras, puede ser un órgano unipersonal o puede ser un órgano colegiado", explicó.
Mirón aseguró que un aspecto que distingue este proyecto de los de otras entidades es el de la acción penal privada.
"Se convierte en una alternativa para la victima para que en aquellos casos en el que el Ministerio Público considere a su juicio que no hay elementos para recurrir al juez, la víctima tenga la alternativa de hacerlo, la victima puede poner a consideración del juez esa investigación para que el juez decida", dijo.
