Hay entidades que se distinguen por la calidad académica en sus instituciones educativas, condición que les ha tornado polos de atracción para estudiantes de estados en los que la educación entró en crisis por diversos factores políticos, económicos, sociales y delincuenciales.
La Universidad Nacional Autónoma de México, como máxima casa de estudios del país atravesó por una crisis prohijada por grupos de marcada filiación partidista que la convirtieron en rehén de ambiciones personales; perdió su carácter de semillero de la familia política que gobernó a México hasta que los chicago boys se apoderaron de los espacios de poder en la administración pública.
Así, paulatinamente a partir de la segunda mitad de la penúltima década del siglo pasado, la UNAM llegó a ser considerada como una institución cuyos egresados carecían de nivel para ser contratados en el servicio público y en el sector privado. Sólo basta recordar que en los avisos de ocasión se marginaba a egresados de la Nacional Autónoma de México.
Fueron épocas en las que personajes que crecieron en el Consejo Estudiantil Universitario, por ejemplo, se incorporaron al servicio público en los gobiernos perredistas y que ocupan espacios en el Congreso de la Unión y administraciones delegacionales, municipales y estatales donde sólo su palabra es ley. Vaya, retomaron el camino que criticaron al PRI.
En fin. Después de las crisis que enfrentaron los entonces rectores Jorge Carpizo Mc Gregor y Francisco Barnés de Castro, para la UNAM vino una nueva etapa con el doctor Juan Ramón de la Fuente, quien sucedió a Barnés con todo el respaldo presidencial.
Y es que precisamente en esos días, el entonces Ernesto Zedillo Ponce de León lo relevó como secretario de Salud y determinó que fuera a apagar el incendio en la máxima casa de estudios del país, pero con recursos. Hubo suficiente presupuesto para que el doctor De la Fuente operara. Y diríase que operó con creces al grado de que sus relaciones con Andrés Manuel López Obrador y las huestes de izquierda lo instalaron en la posibilidad de ser candidato a jefe de Gobierno de la ciudad de México, e incluso presidenciable.
La UNAM ha recuperado su calidad académica y está en el ranking de las más prestigiadas universidades públicas del mundo. Estabilidad política y académica, recursos financieros, incremento sustancial en el presupuesto de egresos y una buena conducción de un rector (José Narro) reconocido incluso entre la izquierda pese a sus vínculos con el priismo, son factores que hicieron posible el status que tiene la UNAM.
Margen aparte merece aquello de la vendimia y el narcomenudeo que prevalece en facultades como la de Ciencias Políticas y Sociales, porque ello obedece, sin duda, a la negociación que precedió a la pacificación de la Universidad Nacional.
Presupuesto, ésa es la palabra mágica. Sin presupuesto no operan las instituciones públicas de educación superior y, precisamente, la falta de recursos ha estancado a las universidades en la creación de más espacios para la creciente demanda de egresados de la educación secundaria. A más rechazados en la educación media y superior se asocia el recrudecimiento de la delincuencia.
Sin oferta de espacios donde continuar sus estudios, a menos que tengan posibilidades económicas de inscribirse en la escuela privada, obedece el creciente número de ninis y de delincuentes juveniles.
¿Más dinero para armar a quienes combaten al crimen organizado? No hay duda que es una prioridad, pero, ¿por qué no incrementar el gasto en educación para ampliar los espacios en las universidades; igual destinarlo a mejor capacitar a los docentes y obligarlos, finalmente como trabajadores de la educación pública, a someterse a cursos de actualización porque de nada servirá tener más escuelas si los docentes no garantizan educación de calidad?
En este tenor, las diferentes bancadas de la Cámara de Diputados no pueden regatear apoyo a la propuesta de la diputada federal de Nueva Alianza, Lucila Garfias Gutiérrez, de incrementar significativamente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, los recursos a educación, ciencia y tecnología.
Argumenta la legisladora que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) registra a México como el país con más bajo gasto público en educación; por ejemplo, el gasto en ciencia y desarrollo es de 0.5 por ciento del PIB, es decir, ni siquiera el 1 por ciento previsto por la Ley General de Ciencia y Tecnología.
A quién le importa la educación. Es una pregunta elemental cuando las discusiones, negociaciones y cabildeos respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación se centran en la tajada que cada ente gubernamental busca llevarse. Cómo impulsar una reforma laboral sin mano de obra calificada. Es el mismo rollo del bosque y los arbolitos.
