Un problema estructural que ha obstaculizado el desarrollo político,
económico y social de México es la corrupción y su hermana gemela la
impunidad que se retroalimentan mutuamente constituyendo así una espiral
de profundas raíces y un destino sin fin que sólo encontrara límites en
la voluntad política que la frene y en el cambio cultural que se niegue
a hacerle el juego, aunque esto parece un sueño porque la necia
realidad nos dice que el combate a la corrupción en México sigue siendo
una asignatura pendiente.
El gobierno de Enrique Peña Nieto tiene el propósito de combatir la corrupción y para ello cambio la estructura de la administración pública al desaparecer a la Secretaría de la Función Pública, aun en proceso de extinción en tanto surge la institución que la sustituirá, la cual se dice estará dotada de autonomía de gestión y podrá actuar sin dependencia del Poder Ejecutivo al tener una estructura flexible desde la cual podrá sancionar a quienes cometan actos de corrupción en el sector público o que desde el sector privado los induzcan en el gobierno.
El acuerdo cuatro del Pacto por México se refiere a la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el planteamiento correspondiente dice que “La transparencia y la rendición de cuentas son dos herramientas de los estados democráticos para elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en su gobierno. Asimismo, el combate efectivo a la corrupción es uno de los reclamos más sentidos por la sociedad y una necesidad para construir un gobierno más eficaz que logre mejores resultados. Para ello, se instrumentarán tres reformas que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y, con especial énfasis, en el combate a la corrupción”.
La voluntad política expresada por el nuevo gobierno no ha sido convertida en leyes que la hagan obligatoria para todos. En el pasado se dijo que el Gobierno federal iría tras algunos personajes que serían investigados y sancionados, tras los “peces gordos”. Los años pasaron y ningún personaje relevante ha sido denunciado, capturado y sancionado por actos de corrupción. Si lo han sido empleados de jerarquía menor a pesar de que está en la conciencia colectiva la forma en la que servidores públicos, líderes sindicales, empresarios, organizaciones políticas y legisladores, abusan de los recursos a su alcance y se enriquecen de manera “inexplicable”.
El reciente caso de la detención de Elba Esther Gordillo acusada en términos generales por los actos de corrupción que cometió por casi 24 años en los que fue tolerada y protegida por el propio Gobierno federal y los gobiernos de los estados a cambio de mantener el “control” del SNTE, lo que hizo con eficacia construyendo un enorme sistema de corrupción interna que hoy es un obstáculo para la Reforma Educativa y se ha convertido en una herramienta de chantaje a las autoridades de parte de las agrupaciones del magisterio que actúan al margen de su sindicato formal, como lo hace la CNTE en Oaxaca, Guerrero y Michoacán.
El coordinador del PRD en la Cámara de Senadores, Miguel Barbosa, informó que ya está casi listo el órgano que sustituirá a la Secretaría de la Función Pública, “falta de acordar el modelo anticorrupción”, comentó que hay tres propuestas, “el modelo panista que es una fiscalía anticorrupción; el modelo perredista que es dotar de facultades a la Auditoría Superior de la Federación, y el modelo que nos envía el nuevo gobierno, y que lo hace suyo el PRI”.
El Pacto por México dice en su acuerdo 85: “Se creará un sistema nacional contra la corrupción que, mediante una reforma constitucional, establezca una Comisión Nacional y comisiones estatales con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante las autoridades competentes por actos de corrupción. Se pondrá especial énfasis en entidades como Pemex y CFE.”
Cada año la Auditoria Superior de la Federación informa al pueblo de México sobre las diversas acciones de la administración pública, en sus tres niveles, relacionadas con la corrupción. Desviación de recursos, omisiones, sobre pagos, financiamiento de negocios particulares con recursos públicos y demás, realizadas por los “servidores públicos”, en no pocas ocasiones coludidos con “empresarios” reales o ficticios. Cada año no pasa nada porque opera la impunidad que con su acción indica que muchos se benefician.
Son actos acreditados a la corrupción 22 millones de mexicanos con hambre, la Estela de Luz que costó mil millones de pesos más de su cotización original, el desvío de recursos en Tabasco por 1900 millones de pesos, la extendida corrupción en Pemex, el sobre costo de la Línea 12 del metro de 4 mil millones de pesos, y demás.
Los mexicanos somos igual de corruptos que la mayoría de los países. La diferencia radica en la impunidad. En muchas naciones se aplica la ley, en México se negocia como lo vemos en los procesos legislativos donde se modifican las leyes para beneficio de unos cuantos. Por eso el combate a la corrupción sigue siendo una asignatura pendiente y difícilmente veremos a los “peces gordos” en las redes de la justicia.
El gobierno de Enrique Peña Nieto tiene el propósito de combatir la corrupción y para ello cambio la estructura de la administración pública al desaparecer a la Secretaría de la Función Pública, aun en proceso de extinción en tanto surge la institución que la sustituirá, la cual se dice estará dotada de autonomía de gestión y podrá actuar sin dependencia del Poder Ejecutivo al tener una estructura flexible desde la cual podrá sancionar a quienes cometan actos de corrupción en el sector público o que desde el sector privado los induzcan en el gobierno.
El acuerdo cuatro del Pacto por México se refiere a la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el planteamiento correspondiente dice que “La transparencia y la rendición de cuentas son dos herramientas de los estados democráticos para elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en su gobierno. Asimismo, el combate efectivo a la corrupción es uno de los reclamos más sentidos por la sociedad y una necesidad para construir un gobierno más eficaz que logre mejores resultados. Para ello, se instrumentarán tres reformas que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y, con especial énfasis, en el combate a la corrupción”.
La voluntad política expresada por el nuevo gobierno no ha sido convertida en leyes que la hagan obligatoria para todos. En el pasado se dijo que el Gobierno federal iría tras algunos personajes que serían investigados y sancionados, tras los “peces gordos”. Los años pasaron y ningún personaje relevante ha sido denunciado, capturado y sancionado por actos de corrupción. Si lo han sido empleados de jerarquía menor a pesar de que está en la conciencia colectiva la forma en la que servidores públicos, líderes sindicales, empresarios, organizaciones políticas y legisladores, abusan de los recursos a su alcance y se enriquecen de manera “inexplicable”.
El reciente caso de la detención de Elba Esther Gordillo acusada en términos generales por los actos de corrupción que cometió por casi 24 años en los que fue tolerada y protegida por el propio Gobierno federal y los gobiernos de los estados a cambio de mantener el “control” del SNTE, lo que hizo con eficacia construyendo un enorme sistema de corrupción interna que hoy es un obstáculo para la Reforma Educativa y se ha convertido en una herramienta de chantaje a las autoridades de parte de las agrupaciones del magisterio que actúan al margen de su sindicato formal, como lo hace la CNTE en Oaxaca, Guerrero y Michoacán.
El coordinador del PRD en la Cámara de Senadores, Miguel Barbosa, informó que ya está casi listo el órgano que sustituirá a la Secretaría de la Función Pública, “falta de acordar el modelo anticorrupción”, comentó que hay tres propuestas, “el modelo panista que es una fiscalía anticorrupción; el modelo perredista que es dotar de facultades a la Auditoría Superior de la Federación, y el modelo que nos envía el nuevo gobierno, y que lo hace suyo el PRI”.
El Pacto por México dice en su acuerdo 85: “Se creará un sistema nacional contra la corrupción que, mediante una reforma constitucional, establezca una Comisión Nacional y comisiones estatales con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante las autoridades competentes por actos de corrupción. Se pondrá especial énfasis en entidades como Pemex y CFE.”
Cada año la Auditoria Superior de la Federación informa al pueblo de México sobre las diversas acciones de la administración pública, en sus tres niveles, relacionadas con la corrupción. Desviación de recursos, omisiones, sobre pagos, financiamiento de negocios particulares con recursos públicos y demás, realizadas por los “servidores públicos”, en no pocas ocasiones coludidos con “empresarios” reales o ficticios. Cada año no pasa nada porque opera la impunidad que con su acción indica que muchos se benefician.
Son actos acreditados a la corrupción 22 millones de mexicanos con hambre, la Estela de Luz que costó mil millones de pesos más de su cotización original, el desvío de recursos en Tabasco por 1900 millones de pesos, la extendida corrupción en Pemex, el sobre costo de la Línea 12 del metro de 4 mil millones de pesos, y demás.
Los mexicanos somos igual de corruptos que la mayoría de los países. La diferencia radica en la impunidad. En muchas naciones se aplica la ley, en México se negocia como lo vemos en los procesos legislativos donde se modifican las leyes para beneficio de unos cuantos. Por eso el combate a la corrupción sigue siendo una asignatura pendiente y difícilmente veremos a los “peces gordos” en las redes de la justicia.
