En Guerrero existe el riesgo de que las formas no
convencionales más extremas de acción política terminen legitimándose, ante un
aparato estatal que carece de eficacia para satisfacer demandas, voluntad para
aplicar la Ley, y estrategia para manejar las crisis.
En lo que va del año han sido las organizaciones sociales
constituidas en grupos de interés las que le han marcado la agenda política al
gobernador Ángel Aguirre, a los partidos políticos y a todos los guerrerenses.
Empezando por el llamado Movimiento de Autodefensa que
aprovechó el vacío de autoridad para reivindicar la lucha por la seguridad
ciudadana, una de las demandas más legítimas de la sociedad e insatisfecha por
los tres órdenes de gobierno, ante el cual, el de Guerrero, no tuvo más opción
que unirse con el enemigo al no poder con él.
Con ese apoyo los miembros de la Unión de Pueblos y
Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), obtuvo amnistía para portar
armas y asumir funciones policiales, pero también la Policía Comunitaria de la
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
De la UPOEG se desconoce el origen que algunas personas
han atribuido al propio gobierno estatal para hacer contrapeso a la CRAC, la
cual reivindica la autonomía de los pueblos indígenas y por tanto es afín
ideológicamente a otras como 500 años de Resistencia Indígena entre otras de
las organizaciones que se sumaron al llamado Movimiento Popular Guerrerense en
apoyo a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
No está de más decir que se trata de organizaciones que
por afinidad de intereses y de ideología se suman a casi todas las luchas
habidas y por haber. Guerrero es caldo de cultivo para ello debido al atraso en
el campo y su accidentada geografía donde predomina la cultura parroquial y un
nivel nulo de secularización que ha permitido a estas organizaciones socializar
orientaciones afectivas adversas al sistema político.
De tal manera que reivindican los usos y costumbres como
quiso hacerlo la CETEG con el Instituto
de Evaluación alterno que proponía incluir en la Ley de Educación, en aparente
aplicación de un modelo sociocultural a su lucha que en realidad es sabido
sigue un modelo económico de preservación de prerrogativas al magisterio.
La izquierda que apoya a la CETEG se dice progresista
pero se ha opuesto a las inversiones en minas, presas y todo aquello que genere
empleo y modernización. Está contra la derecha conservadora pero defiende la
preservación del estado de las cosas como la pobreza. Clama la desaparición de
poderes, pero no deja de cobrar salarios al Estado.
Este comportamiento contradictorio se ve reflejado en el
movimiento magisterial. Pedían diálogo y el gobernador se sentó ocho veces con
ellos. Que se garantizara la gratuidad de la educación y se hizo, aun cuando ya
estaba establecida. Antes de la última sesión legislativa dijeron sus
dirigentes estar de acuerdo en que las plazas a normalistas no fueran
automáticas y como quiera resultaron inconformes con la segunda votación de su
Ley de Educación.
Su objetivo no era tal aprobación sino la desaprobación
reiterada para dar paso al ataque a los partidos políticos. Es decir, generar
un escenario de inconformidad social contra éstos como canalizadores de
demandas ante el sistema, por la razón de que en abierto apoyo a ellos está una
organización naciente como partido político, el Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) cuyo líder moral, Andrés Manuel López Obrador ha estado muy
callado respecto a las protestas magisteriales en Guerrero, Oaxaca y Michoacán.
Con el ataque a los partidos e instalaciones de gobierno,
se busca obligar a Aguirre a dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión
contra los líderes del magisterio, ya que si bien éstas se fundamentan en
delitos como el de vandalismo y allanamiento, entre otros, no dejarían de ser
presos políticos, en tanto que se trata de un asunto de participación política
colectiva el que los llevaría tras las rejas, permitiéndoles alargar su movimiento
y capitalizarlo políticamente antes de 2015 en favor de un nuevo partido que
representaría mejor sus intereses.
De tal manera que el gobierno estatal se encuentra
nuevamente entre la espada y la pared por parte de los cetegistas, que hoy por
hoy establecen la agenda política estatal y al parecer lo seguirán haciendo
porque las costumbres se hacen leyes.
