José García Sánchez/ Las elecciones del 7 de junio ocurren en medio de una guerra por la credibilidad de las instituciones. También en medio de una guerra contra la violencia y el narcotráfico, luego de que en el lapso de una semana hayan caído dos de los delincuentes más buscados: La Tuta y el Z 40, cualquier cosa puede suceder en el rubro de la violencia como reacción de las detenciones.
Pero están también sin encontrarse los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa que no pueden olvidarse al momento de votar, y la muerte de miembros de las fuerzas armadas, así como ajusticiamientos y delitos que conllevan a la muerte a inocentes.
Faltan tres meses para la jornada electoral, se espera una participación, según cálculos optimistas del 45 por ciento de la lista nominal, lo cual pone en tela de juicio la legitimidad de los triunfadores, ya no se diga de los perdedores.
Distractores sin duda de las noticias dolorosas del país como el hambre, el desempleo, la devaluación, la carestía, que han paralizado la concreción de las reformas estructurales que parecieran no haber existido. Los palos de ciego que el gobierno muestra respecto a las áreas ya reformadas parecieran que hace falta un puente entre la aprobación primaria y la puesta en marcha de los resultados de dichas reformas.
La pausa en la que se ve envuelto el país no puede convocar a elecciones como hito de la democracia. Las elecciones no pueden ocurrir en medio de la violencia desatada, por mucho que los consejeros electorales quieran justificar su chamba y decir que es posible.
Un obstáculo es la posibilidad de violencia en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, etc. Y otro obstáculo, tal vez más grande es la congruencia con la que debe convocarse a las elecciones.
La convocatoria que se hace desde el INE para que el mexicano ejerza su derecho al sufragio no tiene garantías de imparcialidad; el árbitro no infunde confianza, los dados parecen cargados.
Es precisamente la condición de pausa que sufre México, incluso en cuanto al crecimiento económico, que impide llamar a votar a los mexicanos, porque la tarea designada a los actuales gobernantes está a la mitad y a veces ni siquiera llega a esta situación. Las medidas adoptadas para garantizar el éxito de las reformas estructurales desgastaron mucho al gobierno, que no ha escatimado esfuerzos por mostrar que el INE está a su favor. Es el partido en el poder el que exige, desde ahora, una conducción de las campañas y elecciones de acuerdo a sus necesidades.
De otra manera no podría mantener la mayoría en la Cámara de Diputados cuya suerte se juega ese día. Es decir, la aprobación de las reformas estructurales debilitó las instituciones al forzarlas a coincidir en un proyecto que sólo pertenecía al Jefe del Ejecutivo.
Al permear la imposición y relegar el debate, todo indico de sostén democrático de las aprobaciones desapareció. Las coincidencias entre las diferentes fuerzas políticas no fortalecen ni al gobierno ni al Estado pueden apoyar al Ejecutivo pero al mismo tiempo, lo desgasta políticamente.
Si en algunos estados de la República no hay condiciones que garanticen la integridad física de los electores, en todo el país no hay condiciones que garanticen la certeza en la institución que coordina y cuenta los votos, con ayuda de los ciudadanos pero con la decisión unilateral final en sus manos. (entresemana.mx)
