lunes, 15 de abril de 2013

Contrarreforma educativa, cool Jeremías Marquines




profesor-con-pistola.jpg

“Dos jóvenes gallos pelearon sobre un estercolero. Uno era más fuerte; derrotó al otro y lo echó del estercolero. Todas las gallinas se reunieron en torno del gallito y comenzaron a elogiarlo. El joven gallo quiso que su fuerza y su gloria se conocieran en el terreno vecino. Voló hasta el techo del gallinero, agitó las alas y cantó con voz fuerte: Mírenme todos, soy el gallo victorioso. Ningún otro gallo del mundo tiene tanta fuerza como yo. El gallito no había terminado de pronunciar esas palabras cuando un águila lo mató, lo aferró con sus garras y se lo llevó a su nido”. Fabulas. León Tolstoi, 1828-1910.

La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso del Estado de Guerrero parece que esta semana votará a favor el proyecto de contrarreformas propuesto por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, fracción Guerrero (CETEG). Al parecer, los profesores lograron doblegar al gobernador del estado, Ángel Aguirre y burlar la reforma peñanietista evitando de esta manera, al menos virtualmente, la tan temida evaluación.

Sin embargo, nada más alejado de la realidad. Las supuestas modificaciones, propuestas y aceptadas por la CETEG, que los diputados votarán este martes o jueves, no modifican en lo sustancial absolutamente nada de la reforma original propuesta. Los “cambios” que se hicieron fueron adecuaciones estéticas para bajarle intensidad al conflicto, ganar tiempo y desmovilizar la agresiva columna magisterial guerrerense.

Veamos. Sobre la tan repudiada evaluación educativa por parte del magisterio guerrerense, en el artículo 29 de estas “contrarreformas”, se propone y queda de la siguiente manera: “el gobierno del estado dará todo su apoyo a las autoridades educativas federales, para que efectúen la evaluación del sistema educativo nacional, Sector de Guerrero, sin perjuicio de la que realicen las autoridades educativas del estado. La evaluación que realicen las autoridades educativas en el estado será participativa con todos los actores educativos, democrática, sistemática, permanente, procesual, formativa e integral. Tendrá como propósito mejorar la educación de los niños y jóvenes guerrerenses, a partir de las escuelas, tomando en cuenta la diversidad sociocultural, demográfica y socioeconómica de la entidad”.

En esencia lo que este párrafo trata de decir es que, aun cuando en el estado de Guerrero se lleve a cabo una evaluación local, esta no es determinante, sino coadyuvante de la que hagan las autoridades educativas federales que a final de cuentas es la instancia rectora. El segmento que dice “sin prejuicio de la que realicen las autoridades educativas del estado”, no significa tampoco, ni obliga a que esta deba ser tomada en cuenta para determinar la calidad y el profesionalismo que se busca; estas líneas lo único que dicen, si es que algo dicen, es que puede ser tomada en cuenta como coadyuvante. Pero además, en este párrafo ni en ningún otro se habla de un instituto estatal de evaluación, ni de resultados vinculantes o no. Más aun que, independientemente de lo que aquí ocurre, el Instituto Nacional de Evaluación avanza en su integración, pues ya tiene “propuestas de 15 nombres de personajes de alto prestigio, en el mundo educativo, para integrarlo. Entre ellos están especialistas de la UNAM, el Colegio de México, ITESM y Universidad Iberoamericana, y que han sido titulares de programas, escuelas y facultades dentro de diversas universidades o representantes mexicanos en organismos educativos multinacionales”. Derivado de esta información se hace necesaria la siguiente pregunta: ¿entonces quiénes harán la evaluación en Guerrero? ¿Serán los mismos profesores cuestionados?

En lo que respecta a la propuesta de redacción del artículo 17, dice que: “es responsabilidad del gobierno del estado otorgar plazas de base a los egresados de las escuelas normales públicas del estado, con base en criterios académicos confiables y transparentes”. Eso es lo mismo que se viene haciendo, pues las plazas para egresados se entregan con base a estándares de competitividad académica. Es decir, exámenes de oposición. ¿Cuál es el cambio entonces? En este párrafo no dice nada de que los egresados de las normales tendrán plazas automáticas u otras facilidades como vienen planteando algunos.

Y por si aún quedaba duda de la instancia que hará y determinará la evaluación, en otra parte de esta iniciativa que incluye las demandas del magisterio guerrerense se precisa: “las promociones a los cargos de dirección y supervisión se otorgarán en cumplimiento al escalafón vigente, con transparencia y a lo establecido en la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, tomando en cuenta los resultados del sistema nacional de evaluación”. Luego entonces, si los profesores cetegistas aceptaron la redacción de este párrafo donde están de acuerdo en reconocer los resultados del sistema nacional de evaluación (por tanto, también la reforma nacional),  para acceder a las promociones de dirección y supervisión, ¿entonces cuál fue el logro de tanta protesta y cerrazón? Si al final todo queda igual, con ligeros cambios en la retórica legislativa. Hay que tomar en cuenta que este fue uno de los principales ejes que motivó la protesta, pues los líderes cetegistas temen perder sus posiciones en las delegaciones y direcciones en caso que sus representantes no acrediten la evaluación. Esto significa, en buen cristiano, que perderían los espacios de poder ganados y el control de una parte de esa estructura burocrática que tantos millones de pesos le genera a la CETEG. De esto se trata toda la movilización cetegista, no de la preocupación por mejorar la educación de las y los niños.

Las demás adhesiones que proponen los profesores de la Coordinadora son de relleno, mero trámite para autojustificarse, se refieren al cuarto y quinto párrafo del artículo 27 y al 65 Bis, para quedar de esta forma: “el gobierno del estado destinará al sector educativo un monto anual que no podrá ser inferior al aprobado en el ejercicio inmediato anterior, actualizado con base en el índice inflacionario que publique el Banco de México. Con dicho presupuesto se abatirá gradualmente el rezago educativo en materia de infraestructura, en el medio rural y urbano, prioritariamente en los pueblos originarios”.

En primer lugar, el gobierno del estado no es el que fija los montos para la inversión educativa, pues el dinero que maneja no es de procedencia estatal sino federal, los montos le son enviados ya etiquetados. En segundo lugar, desde hace varios años, el presupuesto educativo jamás ha sido inferior al aprobado el año anterior, siempre los presupuestos educativos crecen, no porque el gobierno federal quiera, sino porque en el Congreso de la Unión los diputados federales lo exigen así año con año para luego llegar a presumir a sus estados de que lograron destinar más dinero a ese sector. Pero además es una de las recomendaciones de la Unesco para los países con economías emergentes. Así que esta adhesión está demás porque ya es obligatoria.

Finalmente y ya para que no digan que no defienden la educación, los cetegistas plantean que “es obligación y responsabilidad de las autoridades educativas federales y estatales, el sostenimiento de las escuelas, por mandato constitucional, y no de los padres de familia; sin menoscabo de la gestión que hagan a otras instancias. Los padres de familia participarán dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje únicamente con fines de apoyo pedagógico”. “Se prohíben las cuotas escolares, de inscripción y de cualquier tipo que tengan que ver con las necesidades de las escuelas públicas, en cumplimiento al principio de gratuidad previsto en el artículo tercero constitucional”.

Este es otro de los clichés y contradicciones de los cetegistas. Los padres de familia saben que desde siempre estos maestros, y otros como ellos, han exigido dinero para mantenimiento de las escuelas bajo amenaza, muchas veces cumplida, de negarles las clases a los niños cuyos papás no pueden pagar esas cuotas obligatorias. Dinero además que nunca es manejado con transparencia. En Guerrero las páginas de los periódicos están llenas de este tipo de quejas año con año, así que a nadie pueden engañar con esto. Tan sólo en este ciclo escolar, habría que preguntar cuántos papás están pagando estas cuotas en los jardines de niños y primarias del estado, y eso no es mandato del gobierno, es iniciativa de los propios profesores. Sobre la exigencia de que se acaban los pagos que hacen los padres por inscripción, ese tampoco es un problema generado por el gobierno (consentido sí, pero no generado) la exigencia del pago de cuotas de inscripción lo generaron los propios directores de las escuelas por su voracidad corruptora.

Pero además, la propuesta de que se acaben esas cuotas no es una exigencia original de la CETEG. En el 2011, cuando sus intereses aún no estaban en riesgo, ninguno de esos líderes y maestros que hoy dicen defender la educación, hizo eco del exhorto que propuso en el Congreso local el diputado Celestino Cesáreo Guzmán.

El 22 de agosto de 2011, al inició el ciclo escolar 2011-2012, el Congreso del estado probó exhortar al gobernador del Estado,  Ángel Aguirre Rivero para que se prohíba el cobro de cuotas “voluntarias” en los planteles educativos del nivel preescolar y básico del  Estado. El exhorto lo propuso el diputado local Celestino Guzmán Cesáreo, quien dijo que en nivel preescolar, primaria y secundaria, se generan denuncias por la proliferación de cuotas  escolares “voluntarias” en las escuelas.  

Para documentar su exhorto señaló los siguientes ejemplos: “el caso de la escuela Primaria Justo Sierra, ubicada en la capital del  Estado, donde directivos y profesores establecieron el pago obligatorio de esta cuota por alumno para poder ser aceptados en el  presente ciclo escolar, donde una madre de familia quien tiene tres hijos estudiando en la primaria, declaró que tendría que pagar  esta cooperación “voluntaria” por un total de 390 pesos, según para pagar las pipas de agua que requiere la escuela.  Otro caso también emblemático, mencionó, es el de las escuelas primarias Teniente José Azueta e Ignacio Manuel Altamirano, ambas con sede en Acapulco, donde ha habido  problemas entre el personal directivo y los padres de familia con motivo del cobro de las cuotas escolares”.

“El legislador mencionó que se tiene conocimiento que estas cuotas van del orden de los 250 a los 300 pesos para quienes son de nuevo ingreso y algunos niños no han podido tomar las  clases por no pagarlas. Inclusive los menores que no cubren la cuota son apartados del resto, lo que es absolutamente ilegal y discriminatorio. Legalmente no debe existir pago  alguno que pueda condicionar el acceso del alumno a los centros educativos públicos ni para expedir documentos oficiales”.

¿Entonces dónde está la realidad de estas movilizaciones de los maestros de la Coordinadora de le Educación? Lo que la CETEG hecho es armar una demanda fantasiosa a partir de una realidad deprimente para seguir manteniendo sus espacios de poder. La fantasía nunca pueda actuar sola, necesita como telón de fondo lo monótono, lo ordinario y lo vulgar. Es la opresión deprimente de la realidad lo que permite a la fantasía de la movilización social echar raíces. La educación pública nunca ha estado en riesgo con la reforma, lo que está en riesgo es el tipo de educación que corrompieron las mafias sindicales que se disputan los despojos del elbismo.