La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) entregó la categorización de empresas del Valle de San Quintín a productores y jornaleros de la región, a fin de recibir sus comentarios en los próximos 10 días hábiles.
El Subsecretario del Trabajo de la STPS, Rafael Avante Juárez, acompañado de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social de Baja California, Juana Laura Pérez Florian y el Delegado del Gobierno del Estado en Ensenada, Pablo Alejo López Nuñez, informó que el objetivo es que dicha categorización realizada en cumplimiento del acuerdo con jornaleros y productores agrícolas, cuente con la retroalimentación, opiniones o comentarios de ambas partes, para que sea lo más objetiva y transparente posible.
Nosotros, al hacer la categorización, revisamos junto con el Gobierno del Estado, con el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y con la información de otras autoridades, aspectos relevantes de estas empresas como: números de trabajadores, número de hectáreas, si contaban con alguna concesión particular, si tenían algún tipo de subsidio, si tenían el carácter de exportadoras o no, si habían reportado utilidades, para identificar la capacidad económica para asumir el compromiso salarial en alguno de los tres niveles correspondientes, subrayó.
Concluida la categorización, recordó, encontramos un universo de empresas que básicamente quedaron: 19 empresas en el nivel “A”, 39 empresas en el nivel “B” y 64 en el nivel “C”, sobre las cuales se acordó un salario integrado diario de $180, $165 y $150 pesos respectivamente. Esto es lo que hoy les entregamos, les dimos con nombre especifico cada una de estas empresas para conocer sus comentarios, apuntó.
El funcionario federal precisó que la autoridad laboral no fija salarios, “nosotros no estamos decidiendo quien paga qué, estamos cumpliendo un mandato que nos dieron las dos partes para hacer un proceso objetivo de categorización respetando el acuerdo que las partes alcanzaron; no es una labor de autoridad donde estemos desde la esfera pública fijando un salario, sino que estamos cumpliendo un mandato de las partes para dar esta categorización que permitirá ubicar en qué parámetro del acuerdo se ubican qué empresas, para cumplir lo que las partes libremente decidieron”.
Asimismo, indicó que la entrega de esta categorización no es un ejercicio de consenso; “no se trata de pactar dónde va a quedar qué empresa con base en algún criterio subjetivo, sino se trata de que al revisar la información, los productores o los representantes de los jornaleros nos puedan señalar si ellos perciben objetivamente que las empresas se deban ubicar en alguna categoría distinta; pero no vamos a entrar a una mesa de negociación para, de común acuerdo, decidir dónde ubicamos a quién, sino vamos a valorar información objetiva.” subrayó.
Al tiempo, destacó que el salario referido es integrado, es decir, que hay una cantidad de prestaciones que van incorporadas al salario que pueden corresponder a prestaciones diferenciadas en el contrato colectivo de trabajo o consignadas en la ley que están comprendidas.
Adicionalmente a este salario, agregó, se acordó el pago de un bono anual equivalente a dos semanas al final del año, que no está comprendido en esta parte del salario base.
El Subsecretario Rafael Avante Juárez puntualizó que el acuerdo de este salario diario compete a los trabajadores que perciben una cantidad fija diaria, que equivale a aproximadamente el 15% de los jornaleros de la región, es decir, alrededor de mil 800.
Una vez que tengamos esa lista, indicó, habremos de detonar un operativo de inspección conjuntamente con el Gobierno del Estado y con el Instituto Mexicano del Seguro Social, iremos a los campos a practicar visitas de inspección y revisaremos exhaustivamente que se esté cumpliendo cabalmente con la normatividad laboral, con los acuerdos que se han tenido con los jornaleros y que se esté respetando el pago del salario correspondiente a la estratificación.
En este operativo habremos de invitar a participar a representantes de la Alianza para que nos acompañen en las diligencias. Estamos explorando en este momento la forma más apropiada para jurídicamente hacer que nos acompañen, ustedes saben que una inspección es un acto de autoridad y no podemos hacerlo público ni mucho menos podemos abrir la diligencia a cualquier persona, agregó.
Asimismo informó que tras las inquietudes manifestadas por los jornaleros en relación con la credencialización del Instituto Mexicano del Seguro Social, el delegado del Instituto en Baja California, Francisco Iván Beltrones Burgos, presente en las reuniones, habrá de darle puntual seguimiento a estos asuntos concretos.
Ni la autoridad local ni la autoridad federal habremos de permitir que alguien sea privado de su legítima fuente de trabajo por el simple hecho de haber participado en algún reclamo relacionado con esta problemática. Y en ese contexto, hemos ofrecido todo el apoyo y el acompañamiento a los integrantes de la Alianza para que nos hagan saber aquellos casos en los que se presente esta situación, para que podamos representarlos y apoyarlos, concluyó.
Finalmente adelantó que se reunirá con los representantes de las organizaciones sindicales, a quienes como representantes de los trabajadores titulares de los contratos colectivos de trabajo, también les compartirá la lista de categorización para recibir sus comentarios y que estén inmersos en esta importante dinámica para avanzar en la solución de esta problemática en San Quintín.
