Salvo contadas excepciones, las comisiones especiales
creadas en el Congreso de la Unión al calor de algunos temas de interés social
o para atender problemas de alto impacto nacional, como fue el del Fobaproa ,
han servido sólo para engordar a la burocracia legislativa, viajar y gastar
dinero y saliva.
En la naciente LXII Legislatura federal se amplió el número
de comisiones a 61 ordinarias y siete especiales en el Senado; en la Cámara de
Diputados creció el número de comisiones ordinarias de 44 a 56, además de 27
comisiones especiales.
Indudablemente cada comisión ordinaria, con facultades
dictaminadoras tiene un fin específico; no siempre con resultados de impacto
social. Las comisiones especiales, suelen pasar inadvertidas, mas no su costo
con cargo al presupuesto camaral.
Hay 128 senadores y 500 diputados federales que, debieran
ser altamente productivos según su presunta eficiencia laboral a partir de su
perfil académico, político y remunerativo. Por lo regular menos de 10 por
ciento de los diputados y un porcentaje un poco mayor de los senadores destaca,
es participativo y productivo.
Hay senadores y diputados que presumen de alta
productividad, pero es hiperactividad que los lleva a presentar iniciativas de
imposible procedimiento, o que de plano son copias de otras presentadas en
pasadas legislaturas o en la misma pero con otro nombre.
Está el caso de Jorge Kahwagi que, cuando fue diputado federal
por el PVEM y luego por el PANAL, presumió altísima productividad, aunque las
iniciativas que presentó se quedaron en la congeladora o simplemente desechadas
por improcedentes. Martí Batres se fusilaba sus iniciativas de la ALDF. Los
diputados y senadores no arrastran el lápiz en el armado de sus iniciativas; se
da el caso que luego ni las conocen.
Un grupo de asesores y el secretario técnico de cada
diputado elabora esas iniciativas o los famosos puntos de acuerdo que atiborran
las órdenes del día de sesión.
Bajo este esquema vale preguntar si estos diputados y
senadores tendrán tiempo para echarse la responsabilidad de una comisión especial
como la propuesta por el senador perredista Luis Miguel Barbosa Huerta, de crear
una integrada por representantes de todas las bancadas para dar seguimiento a
las investigaciones del accidente ocurrido en las instalaciones administrativas
de Petróleos Mexicanos.
Eso se llama oportunismo legislativo. ¿Barbosa, es abogado o
perito? ¿Qué senador es experto en desastres? ¿Una comisión especial más?
Por supuesto hay legisladores vacunados contra el
boteprontismo declarativo para quedar bien o para acarrear agua al molino
propio en busca del posicionamiento en aras de la gubernatura o el cargo en el
gabinete federal o estatal.
Y se reconoce al diputado cuando dice la verdad, se sincera
y aparta de rollos como los del senador Barbosa y la pléyade que le aplaude
hasta la sonrisa.
El viernes último, al diputado federal panista Juan Bueno
Torio se le requirió opinar en torno de la propuesta perredista de crear una
comisión especial o grupo de trabajo para atender el caso Pemex. Se le reconoce
lo dicho y que muchos, muchos senadores y diputador debieran atender.
“Mira, es la verdad, ante un hecho como éste, qué podemos
investigar los legisladores que no tenemos capacidades para conocer a fondo lo
que ahí sucedió (…) crear una comisión en la Cámara de Diputados para
investigar, pues yo creo que en este momento les vamos a quitar el tiempo y atención
a las personas que están haciendo su trabajo (…) doy foto de confianza al
personal de Pemex, de la PGR del Distrito Federa (…)
“(…) en este momento considero ocioso e inoportuno tratar de
sacar raja política de una desgracia de muchas familias y de una desgracia para
el organismo paraestatal de Petróleos Mexicanos”, dijo Bueno Torio y me sumo
por la afirmativa. Conste.
