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| JESÚS LÉPEZ OCHOA |
Fue apenas en abril. El
PRD informó que pediría a la Procuraduría General de la República (PGR)
investigar a todos sus candidatos en Guerrero. Seis meses después un alcalde de
ese partido, el de Cocula, es detenido a los 29 días de haber asumido el cargo,
en compañía de uno de los líderes del grupo delictivo Guerreros Unidos y un
asesor legislativo.
¿Qué pasó con ese anuncio
que dirigentes perredistas como Carlos Navarrete, Guadalupe Acosta Naranjo y
Dolores Padierna, entre otros, hicieron por todos los medios posibles? ¿Se
trataba solamente de convencer a los electores que podían tener la seguridad de
que en la elección del 7 de julio no habría otro José Luis Abarca anotado en
las boletas con el logo de su partido?
Como estrategia electoral
falló porque el PRD perdió la elección de gobernador en Guerrero. Como una
acción para que el partido no fuera nuevamente infiltrado por el crimen
organizado, también fracasó.
Según los hechos
acontecidos hasta ahora el perredismo fue nuevamente utilizado para poner al menos a un alcalde al
servicio de un grupo delincuencial. El mismo con el que se vincula al ex
alcalde de Iguala José Luis Abarca y de un municipio involucrado en la tragedia
de Iguala: Cocula.
Según el padre de Eric
Ulises Ramírez, el alcalde detenido habría sido secuestrado por miembros de la
agrupación criminal cuando fue capturado por el Ejército y la Policía Federal
en el estado de Morelos.
Ambas instituciones no
reportaron el rescate de una autoridad secuestrada, sino la detención de
presuntos integrantes de un grupo criminal.
Si se argumentase un uso
político de la fuerzas armadas para dar el tiro de gracia a una oposición
debilitada por sus abusos del poder, pero también por el pragmatismo con que ha
diluido su ideología social demócrata en alianzas con cuanto partido o
personaje le asegure posiciones; lo más que podría obtener, sería el beneficio
de la duda.
Aunque, dicho beneficio
difícilmente lo otorgaría una sociedad profundamente lastimada y escéptica
luego de la masacre de Iguala donde murieron seis personas y hay otras 43
desaparecidas, por las cuales, los ojos del mundo siguen puestos en Guerrero.
La reciente declaración
del delegado nacional del PRD en el estado, Guadalupe Acosta Naranjo, quien
expresó: “en el PRD no somos ministerios públicos”, y la respuesta de la PGR en
el sentido de que no tiene atribuciones para verificar los antecedentes de los
candidatos a cargos de elección popular, son una fuerte dosis de levadura para
la incredulidad y la desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos y las
autoridades.
Si los partidos no indagan
antecedentes criminales de sus candidatos ni las instituciones del gobierno los
verifican ¿entonces quién? Si existe esa laguna legal ¿por qué diputados y
senadores no han hecho absolutamente nada por subsanarla?
El PRD es el árbol más
caído de ese tenebroso bosque en que se ha convertido el sistema político mexicano
en el cual, quienes no han sido responsables por acción, lo han sido por
omisión.
jalepezochoa@gmail.com
