 |
| Moisés Sánchez Limón |
¿Por qué hay resistencia a aprobar la reforma constitucional en materia de transparencia? ¿Por qué un disenso entre comisionados y comisionadas del IFAI adquiere niveles de escándalo? ¿Por qué descalificar a los consejeros electorales? ¿Por qué regatear la elección de un consejero electoral? ¿Por qué pretender centralizar el control de las elecciones?
Hace poco, un alto funcionario del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos me comentó que la mayor corrupción, la real, está en los gobiernos estatales. “Los gobernadores son los más corruptos; no le busquemos más. Por eso tanta resistencia a la reforma constitucional (en materia de transparencia)”, argumentó.
Y de ahí para abajo la corrupción es praxis en el sector público, con amplios vínculos en el sector privado que se presta y abona a la corrupción en alta, media y baja burocracia, en la alimentación de los delitos de cuello blanco. Es el juego que todos jugamos, reitero.
Veamos. A partir de este miércoles, la ubre de la vaca electoral dejará de alimentar a la industria del ramo y a muchos, muchos, operadores políticos, consultores, asesores oficiosos, coordinadores, empleados de partidos políticos y, en fin, todos aquellos que tienen vínculo con campañas políticas. Todos arriarán velas para instalarse en la mar calma previa a la jornada comicial del domingo.
A estas alturas, muchos de ellos y ellas habrán hecho el pingüe negocio de alzarse con las alforjas llenas por su trabajo en esta guerra de lodo, que no campaña política civilizada. Descalificar al contrincante cuesta y cuesta mucho dinero.
La previsión de César Camacho, presidente del CEN del PRI, es que la sucesión en el gobierno de Baja California la disputará el tricolor con el PAN en las urnas pero se resolverá en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Añadiríamos que otros casos se sumarán a esa ruta del litigio postelectoral, sin descartar el riesgo de violencia el próximo domingo 7 en la jornada electoral que se desahogará en 14 entidades.
Habrá congresos estatales renovados, nuevos o incluso repetidores presidentes municipales y diputados locales, regidores y hasta un gobernador, el de Baja California.
El punto es que, sean quienes sean y del partido que sean, quienes asuman el cargo de elección popular y rindan protesta lo harán, en su mayoría, bajo el señalamiento de ser corruptos, ladrones, sospechosos de haber cometido delitos que se siguen de oficio, vinculados con el crimen organizado, transas y todos esos etcéteras que, en buena parte de los medios de comunicación, se publicaron merced a filtraciones o inserciones pagadas.
Decía en una entrega anterior que los mexicanos tenemos a los políticos que merecemos, porque sencillamente votamos por ellos, así sea en un escenario de marcado abstencionismo, por encima de la mala fama que puedan tener.
Por eso las preguntas relacionadas con transparencia y democracia, con la pretensión de cambiarle al IFE hasta el modo de andar y, al IFAI, someterlo a un golpeteo bestial que lo descalifique como órgano confiable para arbitrar la demanda de información pública del ciudadano común.
O, en el ámbito del Instituto Federal Electoral, la oposición de izquierda y de derecha en la Cámara de Diputados, se niega a aprobar la elección del sustituto del doctor Sergio García Ramírez en el Consejo General del IFE, más por cuestiones de índole partidista, de equilibrio de fuerzas, que por un formulismo legal.
Es un secreto a voces que en el Consejo General cada partido tiene a su consejero, al que inclinará la balanza cuando se trate de votar acuerdos ante el pleno. El consejero electoral Lorenzo Córdova Vianello dijo que mentiría al negara que a los consejeros responden a intereses políticos y que son presionados recurrentemente.
Ese es nuestro sistema político. ¿A quienes elegirán los ciudadanos de estas 14 entidades del país donde habrá comicios el próximo domingo? No a hermanas de la caridad, porque de acuerdo con la batalla de lodo, quien sea elegido gobernador de Baja California, por ejemplo, alcalde o diputados local de Puebla, Xalapa, Aguascalientes o Zacatecas, asumirá el cargo bajo la acusación de ser un ladrón. Hay derecho de réplica. Digo.
