La ejecución sumaria de 20 personas a manos de soldados en Tlatlaya, Estado de México; el levantón del diputado federal Gabriel Gómez Michel y su chofer en Jalisco y su posterior aparición calcinados en Zacatecas; la masacre de normalistas a manos de policías municipales y sicarios en Iguala y el asesinato del secretario general del PAN en Guerrero, Braulio Zaragoza Maganda.
Los anteriores, son cuatro hechos geográficamente aislados en una línea de tiempo que va del 30 de junio al 28 de agosto pero que forman parte de un mismo contexto, la incapacidad del Estado mexicano para cumplir la primera cláusula del contrato social que tiene con nosotros los ciudadanos y que es, su razón de ser: garantizar nuestra seguridad. Ese es el bosque completo que los mexicanos tenemos enfrente.
El caso de Tlatlaya no sólo es la muestra inequívoca de que este gobierno federal ha sido incapaz de recomponer las cosas y por ello no ha podido regresar al Ejército y la Marina a sus tareas habituales.
La situación es de riesgo no sólo por la inconformidad social que generó este hecho sangriento, sino porque los militares están reclamando reciprocidad a la lealtad demostrada en actividades que no son de su competencia, y en redes sociales convocaron por primera vez en la historia a una marcha hacia la residencia presidencial el próximo 11 de octubre portando un moño verde en el brazo derecho.
Los asesinatos del diputado federal de Jalisco y del secretario general del PAN en Guerrero, nos muestran lo vulnerables que los mexicanos continuamos siendo en cualquier estado o municipio del país.
Lo acontecido en Iguala es alarmante no sólo la represión genocida, sino la señalada participación del crimen organizado en la masacre de jóvenes normalistas y futbolistas de la mano de la policía municipal.
En Guerrero solamente seis de 81 municipios aceptaron el mando único propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto, y en dos de éstos, Iguala y Acapulco suceden este tipo de cosas durante el proceso de transición.
De ahí que el designar un comisionado de seguridad para Guerrero por parte del gobierno federal, implicaría el reconocimiento de que ha fallado la estrategia presidencial de seguridad, que no ha logrado concretar el mando único ni regresar a las fuerzas armadas a sus cuarteles. Significará reconocer el mismo fracaso que el PRI opositor restregaba a su antecesor gobierno del PAN.
