 |
| ERNESTO RIVERA RODRIGUEZ |
Pese a su notable
insensibilidad tanto la secretaria de Desarrollo Social, Alicia Zamora
Villalba, como de la directora general del Igatipam, Mara Vicenso, tienen razón al señalar que el asunto del cruce de
padrones entre la Sedesol federal y la
estatal es por criterios normativos, y no es una ocurrencia de carácter
personal.
Pero en sus propias
declaraciones a los medios, se encuentra la contradicción cuando no se pagó la
Pensión Guerrero, de los tres últimos bimestres del 2015, al padrón completo de
los afiliados, sino que fue “rasurado” dejando fuera a los adultos mayores que
en diciembre del 2015 aparecían por primera vez en el padrón del Programa
Federal “65 y más”.
Alicia Zamora declaró: “…
desde mi llegada a la Sedesol atendí con prontitud el rezago que se tenía de
dos bimestres en el ejercicio 2015, “por
eso NO se efectuó el cruce de padrones, porque únicamente se enfocaron en pagar
a los dos mil 600 beneficiarios”.
Situación que no fue así:
el rasuramiento del padrón se hizo con “precisión
quirúrgica”. Los funcionarios del
Igatipam, al hacerlo, no se dieron a la tarea de corroborar si los adultos
mayores que aparecían por primera en el padrón federal -ya que existe un padrón
del Igatipam con corte a Agosto del 2015-, para esa fecha, 21 y 22 de diciembre
–esto en Acapulco- y días anteriores en Chilpancingo, y el resto del estado- ya
habían cobrado en el programa federal “65 y más”, y a la fecha no han cobrado en
ninguna de las dos partes, -en el caso de la Pensión Guerrero, los bimestres de
Julio- Agosto, Septiembre-Octubre y Noviembre-Diciembre.
Olvidándose
de los principios de la Ley 375, aprobada por el Congreso
del Estado, Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de
Guerrero, y que entró en vigor el 16 de noviembre de 2004, legislación que dispuso
la Creación de un Organismo Público Descentralizado (OPD): el Instituto
Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores,
Igatipam.
Ley
375 que conjuntamente además de la normatividad –tan escrupulosamente
aplicada-, debería a contribuir activamente con los objetivos planteados de
reducción de la pobreza, generar igualdad de oportunidades, para los grupos más
pobres y vulnerables, apoyar el desarrollo de las capacidades de las personas
en condiciones de pobreza y fortalecer el tejido social, fomentando la
participación y el desarrollo comunitario, como el mejoramiento de la cobertura
de pensiones no contributivas.
¿Qué
se ha cumplido del cuerpo y espíritu de
esta Ley 375? Nada.
Todo lo contrario, la
anterior LX Legislatura, por instrucciones del ex gobernador Angel Aguirre
Rivero y el titular de la Secretaría de Finanzas, Jorge Salgado Leyva, giraron
instrucciones al coordinador del H. Congreso Local para que ese cuerpo
legislativo votara a favor de disminuir
de un tajo, el presupuesto del Igatipam de 240 millones a Cien Millones. Un
recorte de 140 millones de pesos. ¡Y lo
hicieron!!! Sí, así como se está leyendo. Esto con el conocimiento de la
entonces secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Angel Aguirre, Beatriz
Mojica Morga.
Hoy, la problemática de la aplicación de la
normatividad de la “Pensión Guerrero” a los adultos mayores, que ya alcanzó la
toma de calles y avenidas, en Chilpancingo y Acapulco, no está en manos de
funcionario alguno del gobierno del estado, llámese Florencio Salazar o César
Flores Maldonado, o cualquier otro enviado especial, el asunto por su
delicadeza y sus alcances sociales, sólo
puede ser resuelto por el Congreso del Estado, por la actual LXI
Legislatura, y devolverle los principios
y objetivos que le dieron vida a la Ley 375, que en pocas palabras es:
“Dignificar un poco la vida del Adulto Mayor”. No burlarse de sus precarias
condiciones. Email:gernestorivera@gmail.com
