La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos dio a conocer su informe preliminar sobre los sucesos
acaecidos el pasado 12 de Diciembre del 2011 en la ciudad de Chilpancingo en
donde dos normalistas y un empleado de una gasolinera murieron a consecuencia
del enfrentamiento que se originó entre estudiantes de la normal rural de
Ayotzinapa y los diferentes cuerpos policiacos participantes (federales,
ministeriales y de seguridad pública estatal y municipal).
El resolutivo de la comisión
resultó, para decirlo suavemente, insatisfactorio para todos, pero más, para la
parte agraviada.
Como se dijo antes, el
informe no es concluyente tiene muchas lagunas insalvables, peca de omisiones y
una falta de rigor en la construcción de la crónica realizada y dada a conocer
a la opinión pública nacional.
Los razonamientos de los
participantes en la investigación de la CNDH son ambiguos y confusos y la
ausencia de dictamen sobre los presuntos culpables de los asesinatos de los
estudiantes es quizá la parte que mas agravia a todos los que exigen, piden,
solicitan y demandan que la impunidad no sea una vez más intocable y que por
ende el autoritarismo y la intolerancia puedan continuar cabalgando sin límite
alguno por el amplio y ancho territorio guerrerense.
Si bien es cierto que la
CNDH hace implícito la culpabilidad de las policías estatales como las
directamente culpables de los asesinatos, nunca se da a conocer cuáles de los
titulares—de entonces—de la Procuraduría General de Justicia del Estado o de la
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, ordenó el uso
de la fuerza y el disparo de armas de fuego.
La relatoría del informe en
cuestión se ve incompleta cuando no se menciona que los hechos ocurridos el día
de la Guadalupana en la capital del estado de Guerrero fue a causa de
la falta de atención que se les dio a las demandas de los estudiantes y la
petición reiterada de que se otorgara una audiencia con el gobernador del
estado misma que se había pactado y que se había pospuesto una y otra vez.
Esta falta de atención
originó el bloqueo a la autopista del Sol por parte de los normalistas, quienes
si bien son harto violentos en su proceder no iban armados y por lo tanto el
trato que se les dio fue fuera de toda norma o protocolos debidamente
acreditados para ser observados por las fuerzas del orden público.
La falla de origen no fue
punto de atención por parte de la CNDH y no menciona la forma como
tradicionalmente se han comportado los normalistas y que casi se ha hecho una
tradición que cada cambio de sexenio se manifiesten para tener la atención de
las autoridades y se les de solución a sus demandas—que vale decir que son
históricas-- por lo tanto, se debió prever una actuación similar y la respuesta
debió ser instantánea y a favor de los manifestantes.
Si hoy el gobernador se
manifiesta dispuesto a dialogar, a sentarse a negociar y discutir los temas de
fondo de los normalistas, ¿por qué no se hizo lo propio antes del 12 de Diciembre
pasado? Alguien falló y esto produjo lo demás, aunque los excesos de abuso de
autoridad, de violaciones graves a los derechos humanos corresponden a los
responsables de las áreas de procuración de justicia y de seguridad pública
estatal y municipal.
Son estos titulares los que
deben responder por las muertes de los estudiantes y del empleado de la
gasolinera.
A los nueve meses de
iniciado este gobierno, las cosas iban más o menos bien. Había dentro del
gabinete sus disputas y jaloneos a causa de las elecciones federales de julio
próximo. Se tenía previsto que para estos días ya se hubiera separado del cargo
a quienes aspiran a un puesto de elección popular. Sin embargo a causa de estos
sucesos sangrientos todo quedó en un impasse y así continúa, aunque se
espera que pronto se realicen los cambios y pueda reencausarse el trabajo
gubernamental.
Lo cierto es que del
alumbramiento feliz se pasó al aborto.
Y a consecuencia del informe
presentado por la CNDH los grupos enfrentados continuarán su batalla. Ahí están
los que marcharon por las calles gritando vivas por la paz, por el gobierno y
mueras a los normalistas y desaparición de la institución. Hubo otros que se
reunieron en lugares cerrados pero con la misma dinámica. Gritar consignas
contra los estudiantes normalistas y vivas a ‘’Ángel Rey’’.
Los exabruptos no faltaron,
quizá debería decir, sobraron. La falta de una visión real de lo que ocurre fue
demasiado obvio. Eran corifeos. No iban motu propio, iban por interés personal
o de grupo. No había voces independientes ni personajes validados por su
trabajo social sino por su trabajo burocrático.
Y la pregunta salta a la vista.
¿Dónde está el gobierno de izquierda o de las izquierdas? No lo vemos por
ningún lado. El PRD se ha deslavado, el PT es comparsa y el Movimiento
Ciudadano está inmovilizado.
Luego entonces los que
ordenan y mandan en el gobierno estatal no son los de las fuerzas de izquierda
sino de las fuerzas priistas que se cambiaron temporalmente hacia el lugar
donde se colocó su ‘’mesías’’.
Los gobiernos de izquierda
no reprimen, no asesinan y no disuelven movimientos populares, estudiantes o
sociales.
Es más, en un gobierno
progresista no tendrían porqué ocurrir estos movimientos puesto que deberían
ser atendidos con diligencia, prestancia y eficacia. Ello no ha ocurrido así.
Luego entonces, estamos
frente a un gobierno centrista y pragmático. Esto no puede ser un buen augurio
para los grupos democráticos que hubieran querido que el nuevo gobierno
ejerciera el poder de manera distinta y diferenciada con el de su antecesor. No
ha sido posible y mucho menos cuando ha quedado registrada la falta de
tolerancia de los encargados de procurar justicia y de dar seguridad y
protección a los ciudadanos de la entidad.
Insistimos: el informe de la
CNDH ha dejado insatisfecho a más de uno. Se requiere de que este mismo informe
presentado sea revisado y reeditado para que las conclusiones que den en un
tiempo perentorio deje establecido claramente quiénes fueron las autoridades
intelectuales responsables de los homicidios, quienes fueron las policías
materiales que dieron muerte a los estudiantes, quiénes fueron los responsables
del incendio y la posterior muerte del empleado de la gasolinera.
A la vez tendrá la CNDH que
hacer un extrañamiento a las autoridades federales, estatales y municipales por
su omisión, descuido e irresponsabilidad
en no atender a tiempo a la sociedad y sin llegar a ejercer la fuerza
pública para solucionarlos.
Ya el gobierno estatal ha
hecho saber que está dispuesto a acatar las recomendaciones de la CNDH.
Esperemos ver si se cumple con esta promesa. No vemos cómo lo va hacer ni
sabemos cuándo lo cumplirá.
Faltan todavía muchos
trámites que pasar para que la justicia brille. Por lo mismo, el conflicto de
la normal y el gobierno estatal seguirá presente como una piedra en el zapato.
El gobernador debe saber
andar con ello y no descuidar las prioridades de la entidad que no son pocas y
si es reducido el tiempo que tiene para poder enfrentarlas. Tampoco le debe quitar el sueño la demanda de juicio
político interpuesto por los normalistas ante el Congreso federal y mucho menos
debe alentar a grupos afines o seguidores interesados que pueda llevar la confrontación
a niveles impensados lo cual podría ser mucho mas peligroso que los propios
hechos ocurridos en la autopista del Sol el pasado 12 de Diciembre.
¡Amarren
a sus perros!
Periodista y Analista
Político
