El presidente Calderón se subió al carro de la impugnación lopezobradorista en lo que se refiere a la compra de votos. No así en lo que hubo una elección impuesta por Televisa.
Compra de espacios televisivos han hecho todos los gobiernos, candidatos y partidos, empezando por el propio Calderón y terminando por el que más se queja ahora, López Obrador, quien fue el candidato favorito de Televisa entre 2001 y 2006, a cambio de lo mismo que hoy acusa: dinero público.
La relación de las televisoras con la publicidad política es opaca, fuente de corrupción, tráfico de influencias y descrédito democrático.
Mientras no se transparente esa relación, la democracia mexicana padecerá de mediocracia y las televisoras, Televisa en particular, serán blancos de la sospecha pública, tanto como del encono de los políticos, en particular de los perdedores, que son siempre mayoría.
A la subasta de influencia y poder de Televisa y de Tv Azteca, han acudido todos los políticos en una cita constitutivamente opaca: a firmar con dinero público contratos de servicios que no son del dominio público. Debieran serlo, en estos y en todos los medios.
Todos los políticos compran televisión con dinero del Estado y todos acusan de ese tráfico a sus adversarios. Es el juego de la simulación mediocrática.
El juego llegó a tener un componente tan perverso como que las televisoras cobraban en una ventanilla los servicios de promoción de candidatos, gobiernos y partidos, mientras en la otra dispensaban palizas críticas a todo el que ya había pasado a pagar. Eso es lo que les cobraron los partidos a las televisoras en la reforma electoral de 2008: ni un peso más para campañas electorales dijeron, y dijeron bien.
Pero el mercado sigue abierto para todo lo demás. La televisión es un poder político sin contrapesos en otros medios ni compromisos públicos del tamaño de su influencia. Su misión declarada es entretener y hacer negocios, no cuidar la democracia mexicana.
Mientras Televisa y Tv Azteca no se definan a este respecto como lo que son, no solo empresas de entretenimiento, sino poderes políticos que gozan de una concesión pública, una medida sana sería prohibir toda contratación televisiva de servicios publicitarios con dinero del erario.
Que gobiernos, candidatos y partidos se arreglen en sus necesidades de comunicación con los tiempos oficiales de que disponen, que no son pocos, y termine este mercado de influencia política pactada con dinero público a espaldas de los ciudadanos
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