Ángel Aguirre
Juan López
Atendiendo a
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es preciso no olvidar que Guerrero
es un Estado de la Federación soberano, con poderes públicos legítimos y
autónomos, sujeto al Pacto Federal en sus derechos y obligaciones. A sabiendas
de ello podemos escribir que el Gobernador del Estado -Ángel Aguirre, con
referencia a este caso-, tiene a su favor el apoyo de la votación ciudadana más
copiosa, con la que haya sido investido gobernante alguno de Guerrero. Por lo
mismo, sumarnos a la respetabilidad del Poder Ejecutivo, en los lances del
conflicto de Ayotzinapa, es apenas una forma congruente de solidarizarnos con
la institución política que es el Gobierno del Estado.
El informe
preliminar es contundente. Precisa a la PGR como instrumento de la averiguación
y señala a presuntos implicados en los resultados fatales del 12 de diciembre.
Los
normalistas también tienen responsabilidad social, moral y probablemente penal.
Sus actos para exigir prestaciones, violentan el Estado de Derecho. Secuestran
autobuses, toman casetas de peaje, queman gasolineras, bloquean vialidades y
azoran con horas de pánico a la población por sus coléricas manifestaciones.
La
provocación y la confrontación no son estratagemas que apruebe la sociedad. La
mayoría somos un pueblo trabajador, ocupado y preocupado por la crisis
permanente de la pobreza. Los estudiantes son un grupo de jóvenes indóciles que
deben aceptar su condición de minoría social.
Ángel Aguirre
al frente de la sociedad que lo hizo gobernante debe manejar la situación como
el árbitro que debe satisfacer a los involucrados, determinando la justicia
estricta a que lo obliga la cruel circunstancia de los trágicos
acontecimientos
En este
sentido cuenta con el apoyo de todos los guerrerenses que deseamos una Entidad
civilizada, de convivencia pacífica, y capaz de apurar los más amargos trances
de su actual historia.
