Ahora
resulta que los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa son los culpables
de todo lo ocurrido el pasado 12 de Diciembre del 2011 en Chilpancingo, en
donde resultaron muertos dos jóvenes de esta institución, otra decena de
golpeados y vejados y más de una veintena de detenidos y torturados, sino que también
son los responsables de que Guerrero se encuentre ‘patas pa’rriba’ y hasta los
quieren señalar como autores materiales e intelectuales del incendio en la gasolinera
del lugar de los hechos y de la pérdida de vida del empleado de la misma y han
tratado de incriminarlos como los directamente responsables de hacer posible
que a sus dos compañeros lo ultimaran los policías—sean estos federales,
ministeriales, preventivos estatales o municipales.
Tales
imputaciones salieron a relucir durante la marcha que realizaron en la capital
del estado el pasado 5 de Enero los corifeos
y aplaudidores del gobierno estatal, mostrando con ello su intolerancia
primitiva y los usos y abusos de estas acciones que se creían en desuso en
estos nuevos tiempos de apertura y democracia.
La
marcha, más que aspirar a una real paz social, solo ha contribuido a ponerle
sal a las heridas abiertas por la irresponsable acción de las autoridades
policiacas federales y estatales que enturbiaron en forma abrupta un gobierno
estatal que estaba haciendo esfuerzos desmedidos por enraizarse en esta
enfrentada y confrontada sociedad guerrerense.
El
gobernador Ángel Aguirre Rivero ha hecho lo debido frente a este suceso
lamentable e indigno y ha dado la cara y las explicaciones a su alcance para
mostrarse como el principal interesado de que los hechos se aclaren y se
sancione a los culpables.
Esta
actitud no ha sido secundada por sus colaboradores y sus ex colaboradores, sino
que han hecho todo lo contrario, o sea, el tratar de revolverlo todo y
confundir para salir bien librados.
La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha dado a conocer que el
próximo lunes presentará ante la opinión pública sus conclusiones preliminares
sobre los sucesos trágicos del 12 de Diciembre del 2011, donde adelanta, habrá
señalamientos respecto a los culpables materiales e intelectuales y
extrañamientos a las autoridades que por acción u omisión no pudieron impedir
que se registraran tales eventos.
La
marcha del jueves pasado no solo fue un exceso por parte de los organizadores
sino un exabrupto en sus demandas, puesto que hechos mas complicados y
sangrientos se han registrado en la capital del estado y los manifestantes de
ahora no abrieron la boca y menos caminaron con pancartas para expresar su
repudio, pero en forma oportunista lo han hecho en contra de estudiantes
normalistas que han sido víctima de la barbarie policiaca y hasta han
solicitado el cierre de la institución educativa, lo cual no es solo gravoso
para esta entidad sumida en la miseria y el analfabetismo sino manejada y
manipulada por fuerzas oscuras de la mas baja ralea.
Esa
sociedad que se manifestó contra los estudiantes debería manifestarse en contra
de la proliferación de los antros de vicio que han inundado su pequeña ciudad y
donde se ha desbordado el comercio y tráfico de estupefacientes y por
consecuencia se han registrado múltiples hechos violentos, mucho más espeluznante y
trágicos que los ocurridos el pasado 12 de Diciembre.
Y
mientras la alharaca da sus frutos y los consejeros gubernamentales dan palos
de ciego, nadie sabe todavía quiénes son los verdaderos responsables del
asesinato de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
¿Fueron
ministeriales al mando de la Procuraduría General de Justicia del Estado;
fueron policías estatales pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública y
Protección Civil; fueron policías municipales del Ayuntamiento de Chilpancingo
o fueron los policías federales destacamentados en la capital cuando ocurrieron
los hechos?
Si
se llega a conocer quiénes fueron los asesinos de los estudiantes, entonces se
podría colegir que los mandos superiores tienen responsabilidad legal que
tendrán que enfrentar en su momento. Por ello, tanta alharaca y tanto ruido no
se comprende pues todavía no hay a la vista culpables e inocentes.
No
le favorece al gobernador Aguirre esta clase de ayuda, pues no se puede acusar
a las víctimas de ser culpables y mucho menos que los corifeos vayan en sentido
contrario de la autoridad, puesto que el propio gobernador ha dicho y retirado
que él no está a favor del cierre de la normal de Ayotzinapa, por lo tanto la
pregunta es inminente: ¿a quiénes conviene seguir atizando el fuego contra los
normalistas? ¿Es un Complot amigo?
Lo
mejor que podría ocurrir en estos días, antes de que se conozca el resultado de
las indagatorias hechas por la CNDH, es que los mando policiacos estén a
resguardo, que los involucrados estén a la vista y no vayan a pretender huir y
que se continúe realizando el trabajo de gobierno para atraer a la mesa de
diálogo a los normalistas afín de que sus demandas sean debidamente canalizadas
y que en forma abierta y contundente se les haga saber en lo que el gobierno
estatal puede ayudarlos con los recursos que tiene a la mano y las demandas que
deberá canalizar a instancias federales para que en esas instancias se les
resuelvan.
Deslindar responsabilidades de gobierno
no es un pecado, es más bien, una actitud de responsabilidad política y social.
Lo
que el gobernador Aguirre debe hacer ahora, es limpiar la casa y poner a cada
uno a trabajar a tiempo completo sin descuidar sus deberes por cuestiones
electorales. Eso sería lo más sensato para no pasar de nueva cuenta por estos
hechos que lamentablemente se dieron por la falta de prudencia y tolerancia de
algunos mandos medios y altos de su gobierno.
Las
marchas oportunistas no le hacen ningún bien, más bien diría, le hacen un ‘flaco
favor’.
Periodista
y Analista Político*
