 |
| ¡Ay Dios mio, otro compadre! |
Con
chamarra y corbata amarilla. Maquillado y sonriente. Alberto López Rosas
respondió a la conductora de Milenio Televisión: “… recurriremos a las
instancias internacionales.” Antes insistió en acusar que la investigación
hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es parcial. “Está
sesgada y beneficia a la policía federal”, habría dicho.
El
caso de Ayotzinapa, según pronósticos, va para largo. Al menos el tiempo de las
precampañas y campañas, que concluirán hasta el día de la elección, en julio,
será propicio para explotar el caso. Tanto de uno como del otro lado. Ayer, por
ejemplo, dos presidenciales ya hicieron eco al asunto. López Obrador respaldará
a los normalistas. Ernesto Cordero pidió ayer al gobernador “no
renunciar”.
Mientras
el escándalo hizo su aparición, en Guerrero el tiempo pasa. Hay casos
detenidos en la Procuraduría de Justicia. Los homicidios de Armando Chavarría y
Moisés Villanueva eran temas a punto de ser resueltos, antes del doce de
diciembre. Las acusaciones por corrupción a los ex funcionarios del gobierno
estatal, son otro tema atorado. Hoy nadie se acuerda de ellos.
El
gobierno estatal confía en que los nuevos encargados del despacho, tanto en la
procuraduría de justicia como en la policía ministerial, saquen al buey de la
barranca. Pero ahí es donde la puerca torcerá el rabo. Ambos funcionarios han
sido cuestionados por ciudadanos guerrerenses.
1)
En
Campeche, el ahora encargado de la PGJE solo fabricó culpables
“El
nuevo encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia en el Estado
(PGJE) Juan Manuel Herrera Campos, encarcela a gente inocente para resolver
casos”.
La
denuncia la hizo un ex agente de la Policía Federal Preventiva (PFP) Daniel García
Pérez, quien dijo que fue encarcelado injustamente en Campeche por el nuevo
fiscal.
En su
advertencia, alertó a los guerrerenses que en caso de que el Congreso ratifique
al encargado de despacho de la fiscalía de la entidad, en pocos días habrá
gente acusada de delitos fabricados para “resolver casos” que se encuentran
pendientes.
Exhortó
a los legisladores locales a que analicen detenidamente la trayectoria de Juan
Manuel Herrera, debido a que en los cargos que ocupó Campeche y el Estado de
México “encarceló a mucha gente inocente” que hoy permanece recluida en penales
de dichas entidades.
Acompañado
de su padre y hermanos, el ex policía narró la fabricación del delito de
secuestro en que lo involucró el encargado de despacho de la procuraduría de la
entidad y recordó que uno de los involucrados le reveló que fue obligado a
acusarlo del delito que no cometió y por el cual fue encarcelado cinco años.
Solicitó
el apoyo de la sociedad, de las agrupaciones de derechos humanos y de
organizaciones sociales, para impedir que este personaje que sirve a “intereses
oscuros” pueda ser ratificado en el cargo, ya que insistió que el encargado de
despacho de la Procuraduría “trae gente bestia como él que se dedican a
fabricar delitos".
Con
lágrimas en los ojos, García Pérez, recordó que durante su estancia en el
Cereso de Campeche, donde se encontraba destacamentado en 2004 como policía,
“hubo bastantes casos similares al suyo”, donde varias personas fueron “chivos
expiatorios para resolver diversos delitos” por parte del encargado de la
fiscalía.
“La
película de Presunto culpable se quedo corta al lado de mi caso. No puede haber
cabida este señor en Guerrero”, dijo.
2)
El
nuevo director de la PIM está inhabilitado.
El
gobierno de Guerrero nombró al frente de la Policía Ministerial del Estado a un
mando de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal quien fue
destituido por la misma dependencia y quedó bajo investigación de la misma
dependencia por autorizar un fallido operativo en Tepito en el que murió un
joven y otro resultó herido.
Se
trata de Marcos Esteban González Escalera, quien fue separado de la Secretaría
de Seguridad Pública capitalina en diciembre pasado acusado de permitir la
movilización en la que agentes del llamado Grupo Caminante entraron a casas del
barrio sin orden de cateo y ahí agredieron a sus habitantes.
Según
los reportes la movilización se ejecutó los primeros días de diciembre. Los
agentes al mando de González Escalera buscaban a un joven que el 19 de
noviembre había baleado a un policía en la cara.
Sin
embargo, en esta ocasión se desató un enfrentamiento en el que un joven de 28
años de edad, identificado como Erick Israel Moreno de la Torre, recibió un
balazo en la cabeza.
Un par
de horas más tarde, murió en el hospital Balbuena. Su tío que quiso ayudarlo
resultó lesionado.
Tras lo
ocurrido, este grupo, conformado por unos 50 elementos, fue desintegrado por la
SSP. Y todos los que participaron en el operativo, incluido su mando, quedaron
bajo investigación interna.
El 13
de diciembre el titular de la dependencia, Manuel Mondragón, se refirió al
hecho: “Acabo de deshacer un grupo… hicieron un operativo que no me satisfizo,
ese día lo acabé”.
Y habló
también sobre Marcos Esteban González Escalera: “Y al responsable, un
superintendente, lo puse de patitas en la calle; no me ando por las ramas, ahí
no hay amigos ni compadres”.
Una
semana después de dicha destitución, González Escalera llegó a Guerrero. Ahí de
inmediato fue nombrado jefe de la Policía Ministerial en el estado. Llegó en
sustitución de Antonio Valenzuela Valdez, quien fue removido del cargo tras el
desalojo en la Autopista del Sol en el que murieron dos estudiantes de la
Normal de Ayotzinapa y un empleado de la gasolinera Eva.
César
de los Santos Mendoza, encargado de despacho de la PGJE, fue quien le tomó
protesta. Según dijo, el ex mando tenía la misión de poner “mano dura” al
interior del cuerpo policiaco, pero sin contar con los antecedentes del mismo.
3)
Que
regrese Alberto.
Alberto
López Rosas es feo, pero eficiente. Los pocos meses que estuvo al frente de la
Procuraduría General de Justicia sacó adelante investigaciones atoradas.
Notable fue la celeridad en el trabajo de éste comparada con sus antecesores
del sexenio pasado.
El ex
alcalde de Acapulco insiste en la defensa de la tranquilidad del estado de
Guerrero. Nadie, salvo él, defiende con inteligencia la postura de su jefe el
gobernador Ángel Aguirre. Mientras otros contribuyen a la tensión social
con estúpidas marchas nutridas con burócratas y funcionarios que defienden la
nómina, López Rosas se faja con el gobierno federal.
Otro
contraste salta a la vista: mientras éste hombre actúa en base a la ley,
alguien trajo de otras entidades a dos personajes cuestionados y acusados de
barbaridades cometidas allá. ¿Éstos funcionarios en lugar de un eficiente
procurador? Está de pensarse. Las denuncias ahí están.
TRASCENDIÓ
QUE
será el ocho de febrero cuando Andrés Manuel López Obrador visite la región de
la Costa Grande del estado de Guerrero. Estará en los municipios de Tecpan de
Galeana y Atoyac de Álvarez, donde se reunirá con una representación de los
estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
QUE sin
embargo, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cuyo representante en
Guerrero es César Núñez Ramos, dijo que la visita de Andrés Manuel será los
días 17 y 18 de enero. O sea la semana próxima. También dijo que aunque
MORENA respalda a los normalistas de Ayotzinapa no hay pronunciamiento
alguno en cuanto a la solicitud de iniciar un juicio político en contra del
gobernador Ángel Aguirre.
QUE al
menos 30 dirigentes de casas de estudiantes ligados al Frente por la Reforma
Democrática de la Universidad Autónoma de Guerrero (Fredeuag), acusaron que la
convocatoria para la renovación de la FEUG fue manipulada por Acción
Revolucionaria (AR), corriente que encabeza el ex funcionario José Uriel Reyes
Hernández.
Denunciaron
que la convocatoria fue emitida con la complacencia del secretario general del
Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad (STAUAG) Anselmo Sotelo
Albarrán, por lo que la elección está completamente viciada. No descartan sacar
a las calles el conflicto estudiantil.
NUMERALIA
1)
Las 34 zonas turísticas más importantes del país —entre las que se
encuentran Cancún, Cozumel, Puerto Vallarta, Manzanillo, el Distrito Federal,
Acapulco, Mazatlán, La Paz y Los Cabos— están en el grupo de los 186 municipios
más peligrosos del país, según listados del gobierno federal.
2)
El mapa de inseguridad también permite observar que estos 186 municipios
abarcan 62 zonas metropolitanas; la más populosa es la del Valle de México,
donde se ubican las 16 delegaciones del Distrito Federal, 16 municipios del
Estado de México y uno de Hidalgo.
3)
De hecho, en esos 186 municipios (de un total de dos mil 440 que hay en el
país) habita al 60% de la población: alrededor de 66.8 millones de mexicanos.
4)
Las demarcaciones más inseguras representan sólo 7.6% del territorio nacional.
5)
De las 186 alcaldías con más violencia, 109 son gobernadas por el PRI, 29 son
de extracción perredista y 48, del PAN. Abarcan todos los estados del país.
6)
La totalidad del DF y de Baja California están consideradas de alto riesgo.
Sigue el Estado de México, con 19 localidades muy peligrosas. Después está
Veracruz, con 14; Jalisco, con 11; Tamaulipas y Sonora, con nueve cada uno;
Sonora y Guanajuato, con ocho, y después Michoacán, con seis.
PREGUNTAS QUE MATAN
¿QUÉ
pasó con René Juárez Cisneros, quien declinó en sus aspiraciones por la
candidatura del PRI al Senado de la República, a pesar de ser quien más puntos
tuvo en las encuestas ordenadas por el comité nacional del PRI?
¿Aceptará
Añorve otro sitio que no sea el número uno en esa candidatura, con lo que
asegura el escaño?
¿Rubén
Figueroa Smutny en la fórmula priísta o como suplente de Claudia Ruiz Massieu?
QUE
CONSTE“Acudiremos a instancias internacionales”. Alberto López Rosas al denunciar protección de la CNDH a la Policía Federal.
Comentarios al autor:
sintesisdeguerrero.com
