José García Sánchez/ Lo que unió el Pacto por México nada lo separará jamás.
Borrar las diferencias entre partidos hasta convertirlos en uno solo, que parezcan muchos, es la consigna de un poder autoritario y una oposición frágil en la ideología y débil en el liderazgo.
Una vez que los pretextos para ser cada vez más similares confluyen en medio de una crisis progresiva y general, la víspera de las elecciones hermana a los líderes de los partidos políticos hasta convertirlos en seres inmunes a las críticas y esterilizados para ejercerlas.
La inseguridad, real o ficticia, en algunos puntos del país para desestabilizar violentamente los comicios del 7 de junio sirven de pretexto para justificar su apego a los lineamientos del gobierno central más allá de las precauciones ante un posible sabotaje.
Frente a la amenaza del abstencionismo arrollador los partidos políticos deben crear una legitimidad paralela que sustituya a la de los electores. Para ellos deben estar de acuerdo con los resultados magros de unas elecciones innecesarias, porque no justifican ni los gastos de campaña erogados por la población a través del INE, propuestos por el Ejecutivo y aprobados por el Legislativo.
Reconocer triunfos no será esta vez problema para ninguno de los partidos políticos del país, sobre todo cuando la paz debe prevalecer ante cualquier otra manifestación social. La paz es ahora el remedio para curar las heridas de siglos y qué mejor oportunidad que hacerlo en tiempo de elecciones.
De nuevo es el gobierno central el que convoca. No hay otro refugio que garantice el futuro económico de las cúpulas partidistas como el actual gobierno federal.
Segob dispondrá un canal de comunicación directa y de reacción inmediata con la dirigencia de los partidos políticos nacionales para generar condiciones de seguridad antes y durante la jornada electoral del 7 de junio, tanto para los ciudadanos que acudan a las urnas como para los candidatos. Se trata de un nuevo pacto donde se vacuna contra cualquier fricción electoral a la oposición. Para ello deben acordar, desde ahora, en nombre de la realización limpia de violencia pero enconada en la conversación a puertas cerradas.
Ahora, el pacto que era totalmente civil a principios del sexenio, se convierte en una masa mixta de intereses al incorporar a los integrantes del gabinete de seguridad. Esos policías que crean fantasías respecto a sus labores, cuando trabajan; o se cansan antes de tiempo cuando prefieren descansar, aunque sólo ofrezcan conferencias de prensa.
Las cúpulas del PRI, PAN, PVEM y PRD rompieron lanzas y se conjuntaron en un solo hombre alrededor de otro: el Presidente de la República, representado por el hombre de las Lomas, Miguel Ángel Osorio Chong. Morena y Movimiento Ciudadano prefirieron mantenerse al margen de ese acuerdo en lo oscurito que seguramente acarreará consecuencias graves para esa organización y mucho éxito económico para los partidos asistentes.
Pero el INE monopolista de los espacios destacados en los medios en tiempos de elecciones, remitió a Segob solicitudes de seguridad para candidatos, cuando sólo en los puntos precisos hay posibilidad de violencia, pero ésta no tiene explicación y en esa ambivalencia sobre el origen del sabotaje a las elecciones ocultan a los probables culpables, que es donde tiene el gobierno federal su verdadera batalla.
Porque puede afirmar, con las pruebas contundentes que siempre tiene la PGR a la mano, que los padres de los 43 normalistas atacan vías de comunicación, roban urnas a temprana hora, precisamente en el momento en que son entregadas por el Ejército y son recibidas por los presidentes de casilla. Ahí, criminalizarían a un grupo de mexicanos que nada tiene que ver con el sabotaje de los comisiones pero que les estorba demasiado al gobierno federal. Descalificarlos sería un triunfo político, policiaco, y hasta electoral.
Podría ser el narco o la guerrilla, pero los policías de alto nivel, así como el Ejército y la Marina tendrán su cuota de poder extraelectoral. Porque contar los votos, en su totalidad, sin saber por cuál partido votaron los mexicanos, no serán suficientes para legitimar a un solo candidato, ni a los partidos, ni al INE, ni al gobierno.
La guerra por la legitimidad electoral y la consolidación política ha comenzado con la reunión de las cúpulas de los partidos políticos y el gobierno federal. Reunión que puede ser todo menos democrática.