Hay
quienes señalan que el grado de civilización de una sociedad se puede medir
mirando al interior de sus prisiones. Si esto es verdad, ¿Cuál es el veredicto
que hay que emitir sobre México, con un sistema carcelario, corrupto,
sobrepoblado y ante todo ineficaz?
Con
la fuga de Joaquín Guzmán Loera “el Chapo” no solo se escapa el líder de una de
las organizaciones más poderosas del crimen organizado en el país, también se
esfuma el último vestigio de credibilidad del que gozaba el sistema
penitenciario mexicano, las cifras no son halagadoras y los resultados brillan
por su ausencia.
Tan
solo entre los años 2010 y 2011, según cifras de la extinta Secretaria de
Seguridad Pública, se registraron más de
3200 motines, 922 riñas, 316 muertes y 320 internos lograron fugarse de penales
mexicanos, ya en aquel tiempo cuando el ocaso de la administración Calderón se
veía en el horizonte, la crisis era más que visible, sin embargo el problema
siguió expandiéndose.
Al
día de hoy la red de penales mexicanos se compone de 386 centros
penitenciarios, 17 de los cuales están bajo la jurisdicción del gobierno
federal, 11 corresponden al Distrito Federal, 283 a los gobiernos estatales y
75 a los gobiernos municipales y para Septiembre de 2014, estos eran ocupados
por una población de 258,563 personas privadas de libertad, de los cuales el
80.71% pertenecen al fuero común y el 19.29% pertenecen al fuero federal.
Como
es lógico la carga en materia de recursos destinados a esta área, es cuantiosa
y significativa la Federación otorgó en
el año 2011, 7,124.3 millones de pesos para el Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal. Las entidades
federativas que recibieron más recursos ese año fueron: el Estado de México,
568,101,295 pesos; el Distrito Federal, 445,548,644 pesos y Veracruz, 341,876,124 pesos.
En
su libro sobre el costo de la prisión preventiva en nuestro país, Guillermo
Zepeda asegura que aproximadamente el 32.9% de los presupuestos estatales en
seguridad ciudadana se dedica a los respectivos sistemas carcelarios, para
obtener resultados más bien pobres. De acuerdo al abogado criminalista Fermín
Mármol García "El 95% de las extorsiones telefónicas son cometidas desde
las cárceles del país”.
Todo
esto nos lleva a pensar en el problema más evidente que tendría que afrontar el
gobierno federal, la sobrepoblación penitenciaria lo evidencia el Estado de
México con 137.17 %, Nayarit con 137.93 % e Hidalgo con 104.3 % esta puede
vincularse al deterioro, la insalubridad y la falta de mantenimiento de las
instalaciones; el insuficiente acceso a los servicios de salud física y mental;
la falta de opciones de desarrollo personal y social; las prácticas de tortura,
y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; y como las violentas luchas
internas de poder por el control de los espacios.
La
Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH), en un informe sobre la
situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en
América, emitió una serie de puntos recomendatorios que si se acataran en su
conjunto, el Gobierno Federal tendría la oportunidad de cumplir su obligación
de respetar los derechos humanos de las más de 250 mil personas que se
encuentran hoy en día en situación de reclusión.
Paralelo
a estas circunstancias durante el primer ciclo del Examen Periódico Universal
(EPU) en 2009, el Estado mexicano aceptó cuatro recomendaciones para
implementar en el ámbito penitenciario, comprometiéndose mediante ellas a
mejorar las condiciones de vida en los centros de reclusión, invertir
suficientes recursos económicos al sistema penitenciario, tomar las medidas
necesarias para capacitar al personal de guardia y custodia; investigar sobre
los abusos y violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la
libertad y castigar debidamente a los responsables.
Han
pasado seis años de esto y aun siguen siendo humo y espejos estos compromisos,
dos administraciones federales han observado el problema y el problema
subsiste.
