jueves, 2 de febrero de 2017

CONTEXTO POLÍTICO Por Efraín Flores Iglesias Partidos políticos y crimen organizado


EFRAIN FLORES IGLESIAS
Ningún Instituto político se salva de tener entre sus filas a personajes ligados con el crimen organizado. Todos están infiltrados.

Lo peor de todo es que la Procuraduría General de la República (PGR) y los aparatos de inteligencia del Estado mexicano permiten que ocupen cargos de elección popular.

Ahí están los ejemplos de José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala (PRD); Eleuterio Aranda Salgado (a) El Solitario del Sur, ex alcalde de General Canuto A. Neri y militante de Movimiento Ciudadano; Elizabeth Gutiérrez Paz (a) La Potranca, ex alcaldesa de Juan R. Escudero (PAN), Saúl Beltrán Orozco, ex alcalde de San Miguel Totolapan y actual diputado local (PRI), etc.

No todos están bajo las rejas, pese a los señalamientos de formar parte o dar protección a equis o ye grupo criminal.

Supuestamente las autoridades federales investigan a personajes públicos que son señalados de tener nexos con miembros del crimen organizado. Lo cierto es que no siempre proceden contra ellos. Dejan crecer el monstruo y que ocurra una tragedia. Iguala, es el más claro ejemplo. Permitieron que José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa hicieran su santa voluntad.

Y con tal de ganar votos y espacios de poder, los dirigentes de los partidos políticos aceptan a cualquier persona en sus filas. Los hacen candidatos y ganan, pero después resulta que sus compromisos no son con el pueblo sino con un grupo criminal.

Insisto, todos los partidos están infiltrados. Ninguno está exento.

Durante el 2012 y 2013 se dio a conocer que Los Caballeros Templarios tenían sometidos a presidentes municipales y legisladores en el estado de Michoacán.
El grupo criminal les patrocinaba sus campañas e intimidaba a sus opositores. Y cuando asumían el poder, los alcaldes ya iban bien “amarrados”, pues les imponían al Tesorero, a los directores de Catastro, Obras Públicas y al jefe de la Policía Municipal.

El tejido social en el vecino estado se descompuso. Llegó un momento en que la ciudadanía se cansó de los atropellos de Los Caballeros Templarios y del desdén de las autoridades municipales, por lo que decidieron tomar las armas para defenderse.

Poco a poco los ciudadanos lograron debilitar a los criminales y encontraron pruebas que comprometían a alcaldes y legisladores con la delincuencia. Circularon videos de encuentros entre Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, y la clase política michoacana haciendo compromisos. Incluso, un hijo del entonces gobernador (Fausto Vallejo) fue evidenciado por esa situación.

La Tuta y su grupo criminal no solamente tenían control de Michoacán, sino también de algunos municipios de la región de Tierra Caliente del estado de Guerrero y el Estado de México, en donde tenían (o siguen teniendo) a los alcaldes bajo sus órdenes.

Combatir al crimen organizado, no es una tarea sencilla. Si la Federación no puede acabarla, menos los gobiernos estatales y municipales. Es un monstruo de mil cabezas que dejaron crecer con el paso del tiempo.

La sociedad está harta de tanta delincuencia y de que algunos miembros de la clase política estén coludidos con el crimen sin que nadie los toque.

Se entiende que las leyes son más estrictas que antes, pero mientras no se cumplan, no tienen razón de ser. Son letra muerta, pues. Y así no se puede.
Urge que los partidos políticos sean más cuidadosos a la hora de revisar los perfiles de las personas que se suman a sus filas y que después buscan un cargo de elección popular.

Además, es necesario que ningún personaje que tenga vínculos sanguíneos con criminales dirija las riendas de un instituto político.

ENTRE OTRAS COSAS… La coordinadora de los diputados locales del PRI y presidenta de la Junta de Coordinación Política, Flor Añorve Ocampo, señaló que el Congreso local “no será cómplice” del legislador Saúl Beltrán Orozco, quien enfrentará un proceso de desafuero, ya que la Fiscalía General del Estado lo señala como presunto autor intelectual de un homicidio cometido en el municipio de San Miguel Totolapan.

Veremos si en los próximos días la bancada priista en el Congreso local cumple en no solapar al compadre de Raybel Jacobo de Almonte, jefe del grupo criminal “Los Tequileros, que opera en algunos municipios de la región calentana.

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