Aunque tanto a nivel
nacional como en Guerrero la inseguridad es considerada por la población como
el principal problema, los ciudadanos no hemos valorado en su justa dimensión
otras problemáticas como la corrupción y la impunidad que inciden en que los delitos
se mantengan a la alza.
En la última encuesta
sobre victimización y percepción de inseguridad del INEGI, la falta de
seguridad ocupa el primer lugar a nivel nacional y estatal, mientras que la
corrupción es mencionada por los encuestados en octavo lugar y la falta de
castigo a los delincuentes como décima opción. Así es la distancia entre los
tres temas en la percepción pública.
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| JESÚS LÉPEZ OCHOA |
Hablamos de que en
Guerrero el 51 por ciento de la gente encuestada menciona la inseguridad como
el problema principal del estado, mientras el 19.5 opina que la corrupción y
apenas el 10.7 por ciento que la impunidad.
El nivel de confianza en
las policías municipales y estatales, así como en los ministerios públicos y
los jueces es muy bajo. No llega ni a la
mitad de la población.
La inseguridad por su
tristemente escandalosa vistosidad y capacidad de alterar el entorno inmediato
de las familias, es en sí misma una cortina de humo natural que atrae los
reflectores hacia sus efectos, tan aterradores, que alejan a la percepción pública
de sus causas.
No creemos en los jueces,
ni en los ministerios públicos, pero no consideramos que la corrupción o la
falta de castigo a los delincuentes, sean tan importantes como la propia
inseguridad a la que estos problemas indudablemente alimentan.
La corrupción no se
combate y cuando se hace, resulta ser con fines políticos. El ejemplo más local
y reciente es Ángel Aguirre Rivero. Tras el escándalo de Iguala que le costó
dimitir en el gobierno del estado, su hermano Carlos Mateo fue detenido junto
con colaboradores cercanos al ex gobernador, acusados del desvío y presunto
lavado de 268.7 millones de pesos de recursos públicos.
Una vez concluido el
proceso electoral Carlos Mateo es exonerado por un juez y sale en libertad. El
presunto desvío de recursos resultó solamente la cereza del pastel para alterar
la correlación de fuerzas en Guerrero donde el PRD en el que se había refugiado
Aguirre a su salida del PRI terminó perdiendo la gubernatura y muchos de los
municipios que gobernaba.
Algo parecido pasó en los
años 90 en Italia cuando la operación Mani Pulite o Manos Limpias desarticuló
un sistema de corrupción al que se bautizó con el nombre de Tangentopoli o
Villa Soborno que incluyó a dirigentes de partidos, ministros, funcionarios y
empresarios y que resultó en la división de la Democracia Cristiana y que se
disolviera el Partido Socialista que eran las principales fuerzas políticas
desde la segunda Guerra Mundial, nos recuerda el analista internacional Moisés
Naím en su interesante libro titulado El fin del poder.
En nuestro país, el caso
Iguala es un ejemplo de la protección de políticos corruptos al crimen
organizado que fuera de la detención del ex alcalde José Luis Abarca y su
esposa, y la dimisión de Ángel Aguirre, permanece intocada o intocable.
Me intriga saber si el tan
publicitado sistema nacional anticorrupción servirá para algo más que asestar
golpes políticos en un país que tiene una Tangentopoli en cada estado, en cada
municipio y en cada esquina; o si continuaremos lamentando la inseguridad sin
hacer nada contra la corrupción y la impunidad en el mismo cuento de horror de
nunca acabar. Al tiempo.
jalepezochoa@gmail.com
