* Los dirigentes de los Taxistas Organizados de la Ciudad de México afirman que las acciones del Jefe de Gobierno son un peligro para la democracia ya que manda signos de un gobierno autoritario y violatorio de las leyes de la Ciudad
México, D. F., a 24 de junio de 2015
El gobierno del Distrito Federal encabezado por Miguel Ángel Mancera incumple una vez más su palabra y demuestra que no desea asumir su papel como autoridad para hacer valer las leyes de la capital mexicana, sino convertirse en parte de los grupos de poder económico al asumirse nuevamente como protector de empresas transnacionales como Uber y Cabify, al utilizar instituciones del Estado como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con el único objetivo de regular lo ilegal trasgrediendo la propia ley.
Para los Taxistas Organizados de la Ciudad de México lo que hace el Jefe de Gobierno, al utilizar a los órganos del Estado como es la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presidida por Perla Gómez Gallardo, para tratar de imponer una ilegalidad por encima de las leyes de la Ciudad de México, es peligroso para una sociedad democrática porque manda signos de un gobierno autoritario al que no le importan las leyes que debe respetar y hacer respetar.
Es de suma importancia señalar que la norma es muy clara. Por lo tanto, si Miguel Ángel Mancera tiene un interés particular para la entrada en operación de Uber y Cabify, primero debe aplicar la ley y evitar que sigan operando porque hoy por hoy es un servicio ilegal y, posteriormente, realizar las consultas y/o proponer las normas para su operación. Caso contrario, sólo gana tiempo para que llegue la siguiente legislatura y lo meta a ley, además de evitar una sanción por incumplir la ley.
En un intento por desacreditar nuestras observaciones, el pasado lunes la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que debería ser “un organismo público autónomo”, emitió un boletín fuera de lugar donde advierte que “las actividades de las empresas que utilizan tecnología se otorga bajo modalidades diferentes a las ofrecidas por el servicio público de transporte concesionado taxi, por lo tanto no podría aplicársele la misma regulación”.
Los voceros de TOCDMX, Daniel Medina e Ignacio Rodríguez, señalaron que en el caso de la CDHDF, debe ser un órgano que defienda los derechos humanos de los ciudadanos frente a las acciones ilegales que realice el gobierno, pero lo que hoy hace es dar perfectamente cabida a la percepción generalizada de los ciudadanos de que más que defender a los ciudadanos, defiende a los delincuentes, además de desconocer la Ley de Movilidad que es muy clara.
En un comunicado respecto del boletín de prensa 142/2015 d, al que hoy hacemos referencia y que se titula: “CDHDF OBSERVA DIÁLOGO DE GOBIERNO CON CONCESIONARIOS DE TAXIS Y EMPRESAS COMO UBER Y CABIFY”, destaca la existencia de un expediente de “queja” en el cual se plantea un “hecho presuntamente violatorio de derechos humanos” ante la falta de intervención de la autoridad respecto de la prestación del servicio de transporte público tipo Taxi sin que cuente con la concesión respectiva, mismo que se encuentra en investigación y documentación.
El comunicado que contiene una serie de “apreciaciones”, que además de ser falsas y equivocas, se emite en total contravención de las disposiciones legales que rigen su actuar de acuerdo al artículo 5° de la Ley de la CDHDF, por lo que las opiniones mostradas en dicho boletín, sólo se pueden entender como un acto más de complicidad que lejos de buscar que las autoridades capitalinas apliquen la ley, se emite para pretender legitimar una actividad que se considera ilícita por la Leyes Mexicanas, como lo hacen diariamente Uber y Cabify”, según el comunicado emitido por el área legal que asesora a los taxista y que se anexa al presente boletín.
A nombre de los miles de Taxistas Organizados de la Ciudad de México, Ignacio Rodríguez y Daniel Medina, voceros del gremio cuestionan nuevamente la credibilidad de un gobierno que maquilla a través de instancias como el Laboratorio de la Ciudad, la COFECE y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el actuar ilegal de Uber y Cabify que de acuerdo a la Ley de Movilidad del DF, los servicios que ofrecen son ilegales y constituyen un delito en tanto no se aplique ninguna modificación a la misma, violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al no proteger las garantías que de esta emanan.
Si bien es cierto que la Ley de Movilidad del Distrito Federal prevé la obligación del Gobierno de la Ciudad de México de proporcionar los medios necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la ciudad y entre los principios que deben aplicarse se encuentra el de la innovación tecnológica para el empleo de soluciones en el ejercicio del derecho a la movilidad, como dice la CDHDF, también es cierto que tal “obligación y derecho a la movilidad” se debe de encuadrar en un marco regulatorio, mismo que el día de hoy y de acuerdo a la ley vigente, sigue siendo violado e ignorado por las empresas Uber y Cabify.
En este último sentido, el cumplimiento de la Ley de Movilidad vigente es inmediatamente exigible, ya que tanto el Gobierno del Distrito Federal como las autoridades correspondientes deben encaminarse a salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y protegerles de actos delictivos que ponen en riesgo la estabilidad de la Ciudad de México, mediante las acciones necesarias para impedir la consumación de la violación a los derechos, que como se insiste es la aplicación irrestricta de la Ley de Movilidad.
Respecto de la identificación que dice realizar la CDHDF de la actividad que realizan las empresas Uber y Cabify, a las que les confiere el carácter de empresas que ofrecen herramientas tecnológicas como una nueva opción, “resulta por demás desviada e ilegal”, ya que dicha actividad que identifican y clasifican, se desarrolla en completa violación a la Ley de la materia, ya que se insiste, la prestación del servicio de transporte que ofertan, única y exclusivamente tiene el carácter de un “servicio público” puesto que éste persigue un fin lucrativo y que para su operación requiere de una concesión y/o permiso de la autoridad correspondiente, lo que evidentemente no acontece en la práctica del mismo.
Asimismo, y por lo que toca a la observación que se contiene en el comunicado de referencia en el sentido de que “…Este Organismo Público Autónomo identifica que las actividades de las Empresas que utilizan tecnología se otorga bajo modalidades diferentes a las ofrecidas por el servicio público de transporte concesionado Taxi. Por tanto, no podría aplicársele la misma regulación…” los que conformamos TOCDMX señalamos que este ente administrativo desconoce el marco legal que regula este tipo de actividades comerciales, y ante tal desconocimiento, no resulta correcta ni mucho menos legal la recomendación que hace, ya que su pronunciamiento es equivoco y responde a las intenciones del jefe de Gobierno de hacer un traje a la medida para que estas empresas continúen violando nuestras leyes mexicanas.
Por todo lo anterior, los Taxistas Organizados de la Ciudad de México rechazamos el actuar de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presidida por Perla Gómez Gallardo, e invalidamos la postura de este organismo emitida a través del boletín de prensa 142/2015 ya que carece argumentos válidos para sostener y legitimar la prestación de los servicios ilegales de Uber y Cabify.
Exigimos al Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera que deje de maquilar a través de las instancias gubernamentales y periféricas al Gobierno capitalino actividades sesgadas a favorecer a quienes tienen un elevado poder adquisitivo y con la pretensión de legitimar actos delictivos y satisfacer intereses económicos y políticos.
A su vez exhortamos al Secretario de Movilidad, Rufino H. León Tovar y a los titulares de las dependencias del Gobierno capitalino que actúen y pongan un alto total a la operación de empresas como Uber y Cabify que circulan impunemente en la Ciudad de México.
